Condenan a siete años y seis meses de cárcel a Rodolfo Orellana por lavado de activos
20.10.2026 / 22:12 mserrano@latina.pe
El Poder Judicial, a través del Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional, dictó una condena de siete años y seis meses de prisión contra el abogado Rodolfo Orellana Rengifo tras hallarlo culpable del delito de lavado de activos en las modalidades de conversión y transferencia.
La medida, obtenida por el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, sancionó las maniobras ilícitas ejecutadas en perjuicio del Estado dentro de la investigación conocida como el caso Parinacochas.
La resolución judicial también alcanzó a su hermana, Ludith Orellana Rengifo, a quien se le impuso exactamente la misma pena privativa de la libertad en calidad de coautora. Adicionalmente, el tribunal fijó para ambos procesados el pago de 730 días-multa, suma equivalente a S/ 29 930, así como una inhabilitación de seis meses para ejercer cargos u oficios públicos, al determinarse su responsabilidad en la red delictiva.
SOBRE EL CASO
El origen de la acusación fiscal se remonta a la apropiación y saneamiento irregular de un inmueble situado en la cuadra tres del jirón Prolongación Parinacochas, en el distrito de La Victoria. Para consumar el despojo, la organización criminal empleó documentación fraudulenta que incluía identidades de personas fallecidas, transfiriendo posteriormente la propiedad entre diversos testaferros para ocultar su procedencia ilegal.
Dentro de este esquema, la propiedad terminó a nombre de Humberto Paulino Contreras Abanto, quien recibió el bien a sabiendas de su origen ilícito. Debido a estos hechos, el tribunal lo sentenció a seis años de cárcel por la modalidad de tenencia, imponiéndole además 120 días-multa (S/ 4920). Asimismo, el juzgado estableció un monto de S/ 1 millón por concepto de reparación civil que deberá ser abonado de forma solidaria por los tres condenados a favor del Fisco.
Finalmente, la magistratura ordenó la disolución y posterior liquidación de la firma Administradora de Empresas Insolventes S. A. C., al comprobarse que sirvió de fachada e instrumento para ejecutar las operaciones delictivas del “Clan Orellana”. Este fallo, impulsado por la fiscal provincial Giselle Rodríguez Salcedo, representa un hito clave en las acciones del Ministerio Público para neutralizar las estructuras financieras del crimen organizado en el país.