Director del Hospital Casimiro Ulloa impuso encuesta religiosa a trabajadores: expertos advierten ilegalidad

El director del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, Alberto Gonzales, se encuentra en el centro de la polémica tras solicitar —mediante memorandos oficiales— que todo el personal médico, técnico y administrativo declare qué religión profesa. Según los documentos fechados en mayo de 2025, la información sería recopilada por la Oficina de Bienestar para coordinar actividades con una iglesia evangélica, específicamente con el pastor Pablo Ferreyra.

La medida ha sido cuestionada por abogados constitucionalistas, quienes advierten que vulnera derechos fundamentales como la libertad de conciencia y religión, garantizados en el artículo 2 de la Constitución. “Nadie puede ser obligado a declarar su religión, mucho menos en su centro de trabajo”, advierte el abogado Castillo. Su colega, García-Lazo, califica el sondeo como inconstitucional e inconvencional.

En un intento por justificar la medida, Gonzales aseguró que la encuesta buscaba promover la “pluralidad religiosa” y que su llenado era voluntario. Sin embargo, un segundo memorando, enviado por el jefe de personal, fijaba una fecha límite para entregar la base de datos, sin precisar que se trataba de una participación opcional. Recién veinte días después se emitió un tercer documento aclarando este punto.

Sin embargo, esta no es la única controversia que rodea la gestión del doctor Gonzales. En el hospital se han detectado cuatro casos de tuberculosis entre su personal: dos médicos, una técnica y una enfermera. Además, trabajadores denuncian condiciones laborales precarias: no hay bebederos, se restringe el consumo de refrescos a un máximo de tres vasos por comida y está prohibido dormir durante los descansos de guardia.

El director defendió estas restricciones argumentando que son medidas “nutricionales” y de “equidad en el acceso a recursos”, aunque no pudo precisar el presupuesto destinado a los refrescos. Según indicó, un equipo de nutrición vigila que no haya “excesos” en el consumo.

Otra disposición polémica afecta a los médicos residentes: quienes permanecen más tiempo en el hospital no reciben alimentación adicional. Gonzales sostuvo que, si ya cumplieron su horario, el centro médico no está obligado a cubrir sus comidas, aunque muchos de ellos continúan colaborando de forma voluntaria.

Consultado sobre sus creencias personales, el director afirmó ser agnóstico y negó favorecer a una religión en particular, pese a que en varias fotos colgadas en el hospital se le ve reunido con Pablo Ferreyra. Este último aseguró no ser pastor, sino administrador de una iglesia evangélica, y negó tener conocimiento de la encuesta religiosa.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso. No obstante, expertos legales consideran que el director podría ser sancionado por mal uso de recursos públicos, ya que involucró a personal institucional en tareas ajenas a sus funciones, lo que podría configurar el delito de peculado.

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