Bloqueadores de celulares en penales no funcionan al 100%: Todas las irregularidades que favorecen el crimen organizado
En el Penal Miguel Castro Castro, los presos vienen usando sus celulares sin interferencias. La Unidad de Investigación de Latina Noticias reveló que los bloqueadores no han logrado que los internos dejen de comunicarse con el exterior.
15.10.2026 / 00:05 Felipe Morales
Los sistemas de bloqueo de señales telefónicas en las cárceles del Perú vuelven a estar bajo cuestionamiento. Un informe de la Unidad de Investigación de Latina Noticias evidenció que, en los exteriores del penal Miguel Castro Castro, en Lima, es posible utilizar celulares pese a que la zona debería estar restringida para las comunicaciones móviles. La situación genera dudas sobre la eficacia de los bloqueadores y los controles para impedir que los internos dirijan delitos desde prisión.
La incomunicación de los reclusos ha sido una promesa recurrente de los gobiernos. Pese a las requisas y a la incautación de celulares y chips, nuevos dispositivos seguirían ingresando a los establecimientos penitenciarios. Según especialistas en crimen organizado, la corrupción y la disponibilidad de señal telefónica facilitan estas prácticas, que estarían relacionadas con extorsiones, secuestros y otros delitos.
¿Por qué los bloqueadores de celulares no funcionan en los penales?
Desde 2015, la empresa Prisontec está a cargo de los sistemas de bloqueo de señales de telefonía e Internet en 33 establecimientos penitenciarios del país. Sin embargo, el Perú cuenta con 69 penales, por lo que 36 no estarían cubiertos por estos sistemas.
El funcionamiento de los bloqueadores también ha generado controversias entre la empresa y el Ministerio de Justicia. Prisontec sostiene que el incremento de la potencia de las antenas de las operadoras de telecomunicaciones dificulta la interrupción total de las comunicaciones dentro de las cárceles.
A ello se suma el ingreso irregular de teléfonos y tarjetas SIM. Julio Corcuera, especialista en crimen organizado, señaló que la corrupción permite introducir estos equipos y chips, cuya presencia pierde sentido si no existe una señal que permita realizar llamadas.
El experto mencionó como ejemplo una intervención realizada en Ancón, durante la cual se encontró una hoja con varios chips vinculada al caso de Adam Smith Lucano, conocido como ‘El Jorobado’.
Hallan una antena ilegal cerca del penal Miguel Castro Castro
Hace dos semanas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) detectó una antena ilegal de Internet instalada en la parte alta de un cerro próximo al penal Miguel Castro Castro. El equipo se encontraba dentro de la zona restringida de 200 metros, donde no deberían instalarse antenas de telefonía celular.
Jonathan Malca, vocero del MTC, indicó que en esa área no debería existir una antena de telefonía móvil. También señaló que la posibilidad de realizar llamadas desde el entorno del penal debe ser verificada, debido a que los bloqueadores están diseñados para impedir el acceso a la señal.
La presencia de esta infraestructura plantea interrogantes sobre los mecanismos de fiscalización y el cumplimiento de las restricciones establecidas alrededor de los establecimientos penitenciarios.
Los teléfonos públicos de las cárceles también generan alertas
Además de los sistemas de bloqueo, Prisontec instaló teléfonos públicos conocidos como “azulitos”, mediante los cuales los internos pueden comunicarse con el exterior. Según la Unidad de Investigación de Latina Noticias, existen alrededor de 3.000 aparatos distribuidos en 30 penales, con un promedio de 100 teléfonos por establecimiento.
Para realizar llamadas, los reclusos y los agentes penitenciarios deben ingresar códigos personales que permitan identificar al usuario. El saldo de estos equipos puede recargarse incluso desde fuera de las cárceles.
No obstante, existen posibles irregularidades en el uso de estos servicios. Entre el 2 de agosto y el 1 de septiembre del 2026, se registraron 504.000 llamadas realizadas con el código de un solo interno.
Asimismo, hay internos de siete penales que realizaron llamadas desde los “azulitos” a un mismo número de celular. Además, se identificó diez números que recibieron comunicaciones tanto de reclusos como de agentes penitenciarios, una coincidencia que genera dudas sobre el control de las llamadas.
Intercambio de códigos dificultaría identificar a los internos
Según lo hallado, algunos reclusos estarían intercambiando códigos y contraseñas para utilizar los teléfonos públicos. Esta práctica permitiría revender llamadas y utilizar identidades ajenas, lo que dificultaría establecer quién realizó cada comunicación.
El sistema de identificación busca individualizar a los usuarios y facilitar el rastreo de las llamadas. Sin embargo, si las claves personales circulan entre distintos internos, los registros podrían perder efectividad como herramienta de control y prevención del delito.
Las controversias contractuales entre Prisontec y el Ministerio de Justicia también forman parte del problema. Actualmente, existen 33 arbitrajes y procedimientos de trato directo entre ambas partes, relacionados principalmente con las dificultades para bloquear completamente las comunicaciones.
Proponen medidas más estrictas para bloquear las comunicaciones
Ante las fallas detectadas, Julio Corcuera planteó aplicar medidas similares a las adoptadas por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, donde se exigió a las compañías de telecomunicaciones cortar las señales de telefonía e Internet en los centros penitenciarios bajo amenaza de sanciones económicas.
Para el especialista, impedir el acceso a las comunicaciones reduciría la utilidad de los celulares y chips que ingresan ilegalmente a las cárceles. La propuesta apunta a reforzar la coordinación entre el Estado, las operadoras y las autoridades penitenciarias.
El debate cobra relevancia en medio de las medidas de seguridad adoptadas por el Gobierno peruano. El 5 de septiembre, la presidenta Keiko Fujimori dispuso que militares asumieran labores de custodia en cinco penales declarados en emergencia.
Pese a estas acciones, las evidencias presentadas por la Unidad de Investigación de Latina Noticias ponen en cuestión la eficacia de los bloqueadores y los controles sobre los teléfonos públicos. El desafío para las autoridades es garantizar que las comunicaciones penitenciarias estén debidamente supervisadas y evitar que las cárceles continúen siendo utilizadas para coordinar actividades delictivas.