Investigan a funcionarios de Migraciones por facilitar la salida de 23 menores del país con permisos falsos
01.11.2026 / 21:55 mserrano@latina.pe
No hablan, no responden y esconden su rostro frente a las cámaras. Son funcionarios de Migraciones que tenían la responsabilidad de controlar quién salía del país y quién acreditaba los permisos necesarios para viajar, pero hoy se encuentran detenidos e investigados por integrar una presunta banda criminal que utilizaba los controles del aeropuerto internacional Jorge Chávez para facilitar la salida irregular de 23 menores de edad.
Punto Final accedió en exclusiva al expediente fiscal que revela cómo operaba esta organización desde el interior de Migraciones, utilizando incluso permisos notariales falsos. Detrás de estas operaciones había una red de coordinaciones, registros manipulados, documentos presuntamente falsos y pagos que alcanzaban miles de dólares.
La historia comenzó dentro de la propia institución, específicamente en la Dirección de Operaciones de Migraciones, donde una revisión interna encendió las alarmas al detectar que las autorizaciones de viaje de 23 niños no aparecían. Esta alerta permitió profundizar una investigación liderada por agentes de la División Contra el Crimen Organizado de la DIRINCRI y el fiscal Israel Luna, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao.
Uno de los inspectores implicados es Willy Loyola Gil, vinculado a registros de menores con salidas irregulares, como ocurrió en marzo de 2024 con un niño de seis años a quien registró viajando con ambos padres pese a que el progenitor había salido del Perú en septiembre de 2021 y jamás había vuelto. La auditoría informática halló además que, apenas un minuto después, Loyola atendió en el mismo módulo a Miguel Brandy Montero López, un sujeto considerado una pieza importante ajena al vínculo familiar.
El inspector también comprometió su actuación en diciembre de 2024, cuando una adolescente de 17 años viajó a Panamá junto a su supuesto primo Brad Ferenc Villavicencio Pérez. Aunque el sistema registra que Brad pasó el control con Loyola, la salida de la menor nunca se registró; la adolescente llegó a Panamá pero fue rechazada por falta de autorización, y al retornar al Perú Migraciones descubrió que no existía ningún movimiento de salida que explicara su viaje al extranjero.
La red también operaba mediante permisos consulares falsos, tal como lo evidencian unas conversaciones encontradas al funcionario Evenes Francis Fernández Silva. En enero de 2023, Fernández conversaba con un sujeto llamado Jorge sobre cómo registrar a dos menores utilizando un documento consular falso haciéndolo pasar por firme, e incluso compartía modelos e instrucciones detalladas sobre qué opciones seleccionar en el sistema para completar los datos.
Otro investigado clave es Raúl Abel Ponce Sánchez, cuyo archivo de comunicaciones contiene 921 elementos desde diciembre de 2021, incluyendo fotografías de pasaportes y coordinaciones que evidenciarían la planificación de registros irregulares. Los mensajes revelan que los involucrados coordinaban cuidadosamente los turnos de salida y llegada de los trabajadores para asegurar que determinados funcionarios estuvieran en los módulos cuando los menores debían pasar los controles.
PAGOS REALIZADOS
Documentos y conversaciones a los que accedió Punto Final, investigados por la DIVINCCO y el fiscal Israel Luna, revelan cobros variables para concretar estas salidas ilegales: se indaga el pago de 1,180 dólares para enviar a una niña de siete años a México con la intervención de Raúl Ponce, 300 dólares por el viaje de una menor a Colombia, 900 dólares en otro caso similar, y 1,140 soles que habría recibido Evenes Francis Fernández para facilitar la salida de un niño de 12 años que solo viajaba con su madre.
Las pesquisas también alcanzan al funcionario Alexander Calderón Ortiz, señalado por facilitar la salida de una niña de 8 años a Estados Unidos y enviar información para gestionar otro viaje sin autorización. El caso suma un grave antecedente con Edwin Julca Becerra, quien tras ser detenido en 2024 por manipular registros migratorios volvió a laborar en la institución por orden judicial, y ahora, dos años después, ha sido arrestado nuevamente por integrar la misma organización criminal.