La oficina de la ONU ha concluido que las fuerzas de seguridad peruanas cometieron abusos en contra de los manifestantes que participaron en las protestas desatadas en diciembre de 2022, en medio del cese de Pedro Castillo. La entidad ha reclamado que los responsables rindan cuentas ante la justicia.
Esto quedó constatado en un informe publicado este jueves en el que se reclaman reformas para garantizar el derecho de reunión pacífica y asegurar el diálogo en el Perú.
Según los investigadores, los agentes hicieron uso desproporcionado de la fuerza en unas protestas que se prolongaron hasta marzo de 2023, con 50 muertos y más de 800 heridos, a los que se suma una cantidad de fallecidos entre las fuerzas del orden.
Las autoridades han abierto investigaciones penales en contra de 241 personas, de las cuales 221 quedaron archivadas por falta de pruebas. Además, la Fiscalía ha abierto también 45 expedientes para investigar cuáles serían los presuntos delitos cometidos en el contexto de las protestas.
El jefe de Derechos Humanos de la ONU manifestó que los responsables de dichas violaciones rindan cuentas «a través de procedimientos judiciales justos».
«Es primordial que se aborden las quejas y preocupaciones de todo el espectro de la sociedad peruana. Todo el mundo necesita sentirse escuchado y representado en la sociedad para poner fin a las interminables crisis políticas y sociales», mencionó.
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