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El Poder Judicial designó a Javier Farfán Condori como veedor y encargado de verificar que se cumpla con la orden judicial de suspender el cobro del peaje en las garitas de Puente Piedra, concesión a cargo de la empresa Rutas de Lima.

«De acuerdo con la medida cautelar, soy el veedor la persona que va a fiscalizar que el juez de puente piedra cumpla y ordene a Rutas de Lima que retire el cobro de los peajes de Rutas de Lima. Mi función es verificar que una vez habiéndose retirado nadie pueda cobrar a un vecino por el cobro de vehículos», señala Farfán.

En un hecho sin precedentes, el último viernes 26 de enero, se conoció que el Sétimo Juzgado Civil Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima le dio la razón a un grupo de vecinos de Puente Piedra y les concedió una medida cautelar que prohíbe al concesionario seguir cobrando el peaje de 6 soles con 50 céntimos en estas garitas de la Panamericana Norte, cuya tarifa iba a subir a 7,50 soles a fin de mes.

Según la disposición judicial, se estaba afectando el derecho al libre tránsito de los vecinos de la zona, quienes también pagaban el peaje.

Una casa ubicada en la urbanización Shangrila en Puente Piedra funciona la Asociación Casa Huerta El Paraíso, que se presentó como demandante de la suspensión del peaje. Desde agosto de 2019, es presidida por Pablo Daniel Medina Vargas, a quien buscamos tanto en este local como por teléfono, pero no quiso dar ninguna declaración. Fue el propio veedor Javier Farfán quien nos dijo que Medina no conversaría con los medios, que él era el vocero.

¿QUÉ HACE RUTAS DE LIMA AL RESPECTO?

Rutas de Lima sentó posición respecto a la decisión judicial. En un primer comunicado señaló que los juzgados civiles comerciales no tienen competencia para pronunciarse respecto a las disposiciones del contrato de concesión. Que el único ente competente es un tribunal arbitral, espacio donde actualmente se está revisando una controversia entre la empresa y la municipalidad de Lima. En un segundo comunicado, señalaron que acatarían la medida cautelar ni bien fuesen notificados, algo que no ha sucedido hasta el día de hoy.

Este hecho, es el último capítulo en la larga novela de los peajes de Puente Piedra, signados por las investigaciones por corrupción durante la gestión edil de Susana Villarán. En el 2016, un año antes del escándalo Lava Jato y de que se conociera lo de Villarán, Odebrecht vendió el 57% de las acciones de Rutas al fondo de inversiones canadiense Brookfield Asset Management, quedándose tan solo con el 25%. Algo que sirvió como pivote político de campaña al sillón municipal para Rafael López Aliaga, quien prometió mucho y poco pudo hacer. El sábado, al alcalde no le quedó otra que calificar de histórica a la medida judicial.

Desde Rutas de Lima ha trascendido que el lunes presentarían la apelación a la decisión del juez Juan Varillas Solano, que no es un desconocido. En enero de 2023, la fiscalía inició investigación preliminar contra él por haber dado una controvertida medida cautelar a favor de la Federación Peruana de Fútbol en lo referido a los derechos de transmisión de la Liga 1. En su momento, debido a esto, fue denunciado por los clubes Universitario, Alianza Lima y Cienciano. También hizo noticia en agosto del año pasado, cuando la prensa dio cuenta que, en abril de 2022, habría pretendido favorecer al empresario Samir Abudayeh, al dejar sin efecto garantías por 40 millones de soles. Decisión que fue desestimada por la Segunda Sala Civil. Como se quiera, para la gente en Puenta Piedra es poco menos que un héroe.