El Poder Ejecutivo promulgó un decreto legislativo con el objetivo de abordar el creciente problema del hacinamiento en las cárceles. Tras esta noticia, el programa ‘Buenas Nuevas, Malas Nuevas’ de Latina entrevistó a Javier LLaque, presidente del INPE.
LLaque abordó la problemática central expresando lo siguiente: «Tenemos 95 mil privados de libertad y solo 41 mil espacios. Nos faltan 54 mil, no lo olvidemos», dijo. Ante esta realidad, se propone el uso de grilletes electrónicos como una medida para descomprimir las cárceles y garantizar un control efectivo.
«En el mes de abril hemos tenido 725 nuevos ingresos y en julio 800 , es decir en 2 meses más de 1500. ¿Nuevos penales?, no tenemos. Se calcula que cuando construyamos el primer penal que demora por lo menos 3 años. Vamos a tener entre 15 y 20 mil privados de libertad sin tener un solo penal nuevo», añadió.
La nueva legislación propone dos fases: la primera obliga al juez a considerar el uso de grilletes para delitos leves, como hurto y tentativa de hurto. Enfatizó que no se trata de beneficiar a la criminalidad, sino de encontrar una solución para el hacinamiento.
» No es verdad que va a favorecer algún tipo de criminalidad o a políticos corruptos porque existen prohibiciones», añadió.
La segunda fase permite al juez conceder el uso de grilletes como una pena menor bajo circunstancias específicas, pero no para cualquier delito.
«Nos referimos al hurto, hurto agravado, a la tentativa de hurto. En casos de condenados a delitos culposos, pero no penas altas, también está permitido, por lo tanto. No se trata que vamos a favorecer a la criminalidad»,dijo.
Cuando se le preguntó sobre su posición respecto a esta implementación, afirmó: «Totalmente de acuerdo». Destacó que aquellos que se beneficien con esta medida estarán bajo vigilancia electrónica, asegurando un control constante.
«Vamos a elaborar un reglamento con el ministerio de justicia. Va a demorar entre 4 a 6 meses lamentablemente», afirmó.
En cuanto a las liberaciones previstas, LLaque mencionó que se espera que entre 500 y 600 privados de libertad se beneficien inicialmente, especialmente aquellos procesados por delitos leves.
LLaque concluyó: «Vamos a demostrar que el control es adecuado». La medida se plantea como una solución gradual y eficiente para abordar la sobrepoblación carcelaria mientras se construyen nuevos penales.
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