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A través de un comunicado, la empresa Rutas de Lima adelantó que acatará la orden de suspender el cobro de peajes a los transportistas en los módulos instalados en la panamericana norte, exactamente en el distrito de Puente Piedra. Sin embargo, expresaron su rechazo contra esta medida cautelar y que acudirán a la vía judicial.

Indicaron que esta medida atentaría contra sus derechos bajo el contrato de concesión suscrito con la Municipalidad de Lima.

También señalaron que de acuerdo a la Constitución Política del Perú, los juzgados comerciales, como el Sétimo Juzgado Civil Comercial de Lima (que ordenó la suspensión del cobro de los peajes) no tienen competencia para pronunciarse respecto a la validez de las disposiciones contenidas en el contrato.

“La única autoridad competente para resolver cualquier controversia vinculada al Contrato de Concesión, incluyendo sobre su validez, es un tribunal arbitral constituido al amparo del Contrato de Concesión. En este momento, precisamente, existe un tribunal arbitral que está encargado de resolver las controversias en curso entre RDL y la MML. Dicho tribunal ha ordenado que se mantenga el status quo de la Concesión mientras se resuelve el arbitraje en curso, lo cual incluye el cobro de los peajes correspondientes a todas las unidades de peaje de la Concesión”, se menciona en el comunicado.

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“La medida cautelar difundida atenta gravemente contra lo dispuesto por el artículo 62 de la Constitución que protege los contratos y dispone que sus términos no pueden ser modificados por disposiciones de cualquier clase” se indica.

CONCESIONARIA ACATARÁ LA SUSPENSIÓN DEL COBRO DE PEAJES

Pese a la ordenanza del poder judicial, Rutas de Lima, señaló que acatarán la suspensión del cobro de peajes, siempre y cuando sea notificada con una medida cautelar.

Finalmente, indicó que ejercerá sus derechos legales y constitucionales, y, en consecuencia, se reserva todos sus derechos con relación a los daños que se generarían tanto a Rutas de Lima como a sus inversionistas. Agrega que la medida constituye una “grave vulneración” de los tratados internacionales suscritos por el Estado peruano.

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