“Seguridad privada” Emape: Sucamec autoriza uso de armas de fuego a institución de la Municipalidad de Lima
06.09.2026 / 22:20 Agustín Sosa
Punto Final accedió a la documentación de SUCAMEC que autoriza a EMAPE a brindar servicios de seguridad privada bajo la modalidad de vigilancia privada armada en Lima y Callao. La medida genera cuestionamientos por el alcance territorial de la autorización y por el procedimiento seguido para obtenerla.
La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) cuenta con una autorización de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) para brindar seguridad privada con armas de fuego. La resolución establece que esta autorización tendrá vigencia hasta el 23 de junio de 2031.
La medida forma parte de la implementación de un grupo de seguridad impulsado por la Municipalidad Metropolitana de Lima. El alcalde Renzo Reggiardo sostiene que no se trata de una fuerza policial paralela, sino de agentes privados de EMAPE destinados a proteger sus obras, instalaciones, trabajadores e infraestructura.
¿Qué autorizó SUCAMEC a EMAPE?
Según la documentación revisada por Punto Final, EMAPE modificó sus estatutos en enero de 2026 para incorporar la prestación de servicios de seguridad privada armada. El cambio fue inscrito en Registros Públicos en abril.
El 24 de junio, la empresa inició el procedimiento ante SUCAMEC. Su solicitud fue denegada el 17 de julio y nuevamente el 24 de agosto, decisiones que fueron apeladas por EMAPE. El 31 de agosto, la Dirección de Servicios de Seguridad Privada de SUCAMEC resolvió a favor de la empresa y dispuso que se emita la autorización correspondiente, expedida ese mismo día.
La resolución está firmada por Jorge Cossio Medina, quien aparece como funcionario de la Dirección de Servicios de Seguridad Privada en una de las resoluciones y como responsable de la subdirección correspondiente en la autorización.
Uno de los puntos que genera interrogantes es el alcance territorial del documento. La autorización hace referencia al departamento de Lima y también incluye al Callao. Sin embargo, el alcalde Reggiardo señala que el objetivo es proteger exclusivamente la infraestructura administrada por EMAPE y que la empresa solicitó autorización para Lima Metropolitana y Callao.
Reggiardo también sostuvo que la Municipalidad de Lima había solicitado protección policial para sus instalaciones, pero que la falta de efectivos llevó a buscar otra alternativa. Según explicó, EMAPE ya se encuentra en proceso de reclutamiento y capacitación de personal y ha suscrito un convenio con el Ejército del Perú.
Cuestionamientos por el alcance y el procedimiento
El senador Fernando Rospigliosi cuestionó la medida y sostuvo que la creación de un grupo armado municipal sería contraria a la Constitución y las leyes. Reggiardo rechazó esa interpretación y afirmó que la modificación de los estatutos de EMAPE y el procedimiento ante SUCAMEC se realizaron con asesoría de especialistas.
El especialista en seguridad Julio Corcuera también expresó reparos. A su juicio, la seguridad privada armada está concebida principalmente para la protección de instalaciones y cuestionó cómo se aplicaría esta figura cuando se trata de vías y otras infraestructuras públicas. También consideró que la medida podría abrir un debate sobre la creación de cuerpos de seguridad municipales.
Respecto al Callao, Alberto Valladares, exsuperintendente de SUCAMEC y actual asesor externo de la Municipalidad de Lima, señaló que esa jurisdicción no fue solicitada específicamente por EMAPE. Según explicó, algunas resoluciones pueden extenderse territorialmente, aunque la autorización está vinculada a los servicios de seguridad de EMAPE.
Punto Final buscó la versión de SUCAMEC sobre el alcance de la autorización y el procedimiento seguido, pero la institución informó que no contaba con un portavoz disponible para el informe.
Por ahora, la Municipalidad de Lima sostiene que el personal tendrá como función proteger infraestructura y trabajadores de EMAPE, sin asumir funciones propias de la Policía Nacional. La discusión queda centrada en los límites de esta autorización y en cómo se aplicará en la práctica.