Desde el 28 de marzo de 2024, un empresario dedicado al transporte de carga en San Martín de Porres ha sido blanco de un terrorífico escenario de extorsión. Mensajes amenazantes, llamadas intimidantes y videos perturbadores llegaron a su teléfono, marcados por un tono siniestro y la presencia de un individuo autodenominado ‘Búho Guerrero’, perteneciente a la organización criminal el ‘Tren de Aragua’.
El modus operandi era claro y aterrador: exigir un pago mensual de S/ 10.000 soles a cambio de no atentar contra la vida del empresario, su familia o dañar sus vehículos de carga pesada. La amenaza estaba cargada de un sentido de urgencia y peligro inminente que dejó al empresario en una situación de extrema angustia y desesperación.
Ante el miedo palpable de ser víctima de un atentado violento, el empresario se vio obligado a ceder a las demandas de los extorsionadores. Realizó depósitos a una cuenta recaudadora de dinero, como una medida desesperada para preservar la seguridad de su vida, la de su familia y la integridad de su negocio.
La denuncia interpuesta por el empresario, bajo el cargo de estafa en la Depincri Huaral, desencadenó una investigación exhaustiva sobre este caso alarmante. Los esfuerzos policiales culminaron en la detención de Kevin Fasabi (25 años) y Maria Alexandra Barco. Además, de la incautación de un teléfono celular de marca Huawei, que se presume fue utilizado para llevar a cabo la cadena de comunicaciones criminales.
Sin embargo, la sombra de la impunidad aún se cierne sobre los responsables de estas acciones atroces. Dos individuos, identificados como David Rafael Noriega Honore (35 años) y Carlos David Vivas Guillen (30 años), apodado ‘Búho Guerrero’, ambos ciudadanos venezolanos, están con paradero desconocido. Ambos son los supuestos cabecillas de esta red de extorsión que ha sembrado el terror en la comunidad empresarial.
La cooperación entre la Policía y la sociedad es fundamental para combatir este flagelo y garantizar la seguridad y tranquilidad de todos los ciudadanos. La justicia debe prevalecer para que casos como este no vuelvan a repetirse y aquellos que buscan sembrar el terror sean llevados ante la ley para rendir cuentas por sus actos criminales.
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