Tensión entre la Municipalidad de Lima y el MTC por la implementación del Tren de Cercanías Lima–Chosica
15.07.2025 / 11:33 mserrano@latina.pe
La disputa entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se agudizó tras el arribo del primer lote de 43 vagones y 11 locomotoras donadas por la empresa estadounidense Caltrain para el anunciado Tren de Cercanías Lima–Chosica.
Presentado con bombos y platillos por el alcalde Rafael López Aliaga, este proyecto promete movilizar a más de 200 mil pasajeros diarios.
¿QUÉ DICE EL MTC?
Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones han insistido en que el plan debe ceñirse estrictamente al marco legal. El ministro César Sandoval ha enfatizado que, aunque existe voluntad de brindar apoyo técnico, no puede haber atajos en un proceso que requiere estudios, adendas y una ampliación formal de la concesión de la línea férrea. Según el MTC, hablar de fechas de operación sin estos pasos es irresponsable.
El 14 de julio, en respuesta a la llegada de los vagones al Callao, el MTC reiteró públicamente que no se opone al tren, pero que su implementación debe respetar procesos técnicos y autorizaciones vigentes. Recalcó que es el ente rector en materia de transporte ferroviario y vial, y recordó que, pese a las gestiones de la MML, la ejecución de este proyecto no es competencia exclusiva de un gobierno local.
La tensión se elevó cuando el ministro Sandoval criticó el estilo del alcalde de Lima, acusándolo de prepotencia y de pretender usar su poder económico para saltarse la ley. Según el titular de Transportes, hasta ahora el proyecto no tiene plan de doble vía, estaciones ni cruces definidos, y mucho menos la adenda legal indispensable para asegurar su financiamiento e implementación segura.
¿QUÉ DICE LA MML?
Por su parte, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga ha contraatacado acusando al MTC de boicotear un proyecto que asegura está pensado para el bienestar de la población. Pidió apoyo expreso al primer ministro Eduardo Arana y a la presidenta Dina Boluarte para destrabar el tren. Además, instó al MTC a facilitar la normativa necesaria para su funcionamiento, y ha reiterado que la municipalidad tiene capacidad legal para recibir donaciones como la de Caltrain.
Cabe precisar que, aunque un municipio puede aceptar donaciones, la gestión del servicio de transporte urbano está en manos de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), adscrita al MTC. Una situación que ha generado dudas sobre la viabilidad real del proyecto, tal como lo plantea la MML. En tanto, la Municipalidad de Lima asegura tener capacidad para almacenar el segundo lote de vagones previsto para agosto.
Al conflicto se sumó un nuevo ingrediente con la intervención de la Sunat, que notificó a la MML para que explique por qué los trenes donados, tasados en 49 millones de dólares, fueron contabilizados en sus libros por más de 224 millones de dólares. Según la MML, esta diferencia se debe a costos de traslado, reacondicionamiento y puesta en marcha, argumentos que han generado suspicacias sobre la transparencia de la operación.
En un comunicado oficial, la Municipalidad de Lima defendió la valorización, asegurando que se hizo con base en informes técnicos y conforme a la ley. Sin embargo, el mensaje incluyó un tono político al titularse “Basta de poner trabas al bienestar popular”.
INCERTIDUMBRE CIUDADANA
A nivel local, el proyecto ha despertado también preocupaciones ciudadanas. En zonas del Callao donde pasará la vía férrea, vecinos denuncian que la Municipalidad no les ha informado formalmente sobre obras ni paraderos. Aunque hay letreros anunciando el tren, los residentes aseguran que solo se han realizado limpiezas en las vías y no trabajos de infraestructura, lo que genera incertidumbre sobre el alcance real de la obra.
Mientras el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga insiste en que la “marcha blanca” se iniciará en 2025 y se esfuerza en mostrar avances simbólicos con la llegada de vagones, desde el MTC advierten que sin la formalización de procedimientos técnicos y legales, el tren Lima–Chosica sigue siendo más una promesa política que una realidad. La disputa, en definitiva, revela las tensiones de fondo entre el entusiasmo político local y las exigencias regulatorias nacionales.