El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió un inusual llamado de atención por parte de la Corte Suprema luego de exigir la destitución del juez federal James Boasberg. El magistrado había ordenado suspender temporalmente la deportación de migrantes acusados de pertenecer a pandillas, basándose en una antigua ley de guerra.
A través de su plataforma Truth Social, Trump calificó a Boasberg como un «lunático de la izquierda radical» y aseguró que no tenía derecho a intervenir en las políticas migratorias. “Este juez, como muchos otros corruptos, ¡debería ser destituido!”, escribió el mandatario, quien ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal un pilar de su gobierno.
La respuesta del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, no tardó en llegar. En un comunicado, el magistrado subrayó que «desde hace más de dos siglos quedó establecido que la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial». La declaración fue interpretada como un fuerte mensaje en defensa de la independencia judicial.
El conflicto surgió cuando Boasberg ordenó frenar las deportaciones de más de 200 migrantes, supuestamente miembros de la pandilla Tren de Aragua y la M-13. El juez cuestionó la legalidad de aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma que solo se había utilizado en guerras pasadas.
Pese a la orden judicial, la administración de Trump continuó con las expulsiones, argumentando que los migrantes ya habían abandonado el país antes de que se emitiera el fallo. Sin embargo, Boasberg exigió una explicación formal y extendió el plazo para que el gobierno respondiera.
La reacción de Trump no se hizo esperar. “Si un presidente no puede expulsar a criminales porque un juez de izquierda radical quiere asumir el rol de presidente, entonces nuestro país tiene muchos problemas”, escribió en otro mensaje.
Mientras tanto, el congresista republicano Brandon Gill anunció que la Cámara de Representantes iniciará un proceso para destituir a Boasberg. No obstante, expertos legales como Carl Tobias consideran que la medida tiene pocas posibilidades de éxito debido a la polarización política en el Congreso.
En medio del debate, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, celebró las deportaciones y confirmó que su país recibió a 238 presuntos pandilleros. “Ups… Demasiado tarde”, escribió en redes sociales en tono irónico, junto a una imagen del fallo judicial.
Por otro lado, Washington presiona a Venezuela para que acepte más vuelos con migrantes deportados. “Si el régimen de Maduro no colabora, habrá nuevas sanciones”, advirtió el secretario de Estado, Marco Rubio. La disputa sigue abierta, mientras Trump continúa desafiando al poder judicial en su lucha contra la inmigración.
Con información de AFP.
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