En un trágico incidente, ocurrido la noche del martes 1 de octubre, 6 migrantes de diversas nacionalidades perdieron la vida en Chiapas, México, tras un operativo del Ejército mexicano. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó los hechos, que han generado una ola de indignación y preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Un peruano figura entre las víctimas.
El suceso tuvo lugar en un tramo carretero de la comunidad Villa Comaltitlán, cerca de la frontera con Guatemala. Según la Sedena, los migrantes viajaban a alta velocidad en una camioneta cuando fueron interceptados por soldados que realizaban un «reconocimiento terrestre» en la zona. Al no detenerse, los militares abrieron fuego, resultando en la muerte de 4 personas en el lugar y 2 más en un hospital donde recibían atención médica.
El operativo formaba parte de los esfuerzos del Ejército de México para combatir el narcotráfico en la región, una zona conocida – además – por ser un paso crucial para el tráfico de migrantes. Chiapas ha sido durante años un punto estratégico para los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, enfrentándose a menudo a peligros como la extorsión, el secuestro y, en casos extremos, la muerte.
En el vehículo viajaban 33 migrantes de diversas nacionalidades, por ejemplo, egipcios, nepalíes, cubanos, hindúes, pakistaníes y árabes. Además de los 6 fallecidos, otras 12 personas resultaron heridas y 17 más fueron llevadas ante las autoridades migratorias de México.
Esta tragedia ha desatado una serie de reacciones, tanto de organizaciones de derechos humanos como de la comunidad internacional. Diversos grupos han condenado el uso excesivo de la fuerza por parte de los militares y han exigido una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México ha anunciado que abrirá una investigación de oficio para determinar si hubo violaciones a los derechos humanos. Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha expresado su preocupación por el incidente y ha instado al gobierno mexicano a garantizar que se realice una investigación imparcial y transparente.
En tanto, el Gobierno del Perú informó que ha tomado conocimiento, a través del comunicado emitido en la fecha por la Sedena, de los graves hechos acontecidos ayer 1 de octubre, en los que integrantes del ejército mexicano hicieron uso de sus armas de fuego contra 2 camiones que trasladaban 33 migrantes de distintas nacionalidades.
Además, el Gobierno peruano, mediante la Cancillería, señaló que «de acuerdo a información oficial puesta en conocimiento a nuestra Embajada en México, por autoridades de la Cancillería de ese país, entre las víctimas mortales de tan execrable hecho se encuentra, lamentablemente, un ciudadano peruano. El Perú condena enérgicamente los hechos acontecidos, que han causado hasta el momento el fallecimiento de 6 migrantes, incluyendo la irreparable pérdida de la vida de un connacional».
Asimismo, se menciona que «el Gobierno del Perú, a través de su representación diplomática en México, exigirá a las autoridades de ese país una urgente investigación que esclarezca y determine las responsabilidades del condenable acto. La Cancillería procederá a brindar la asistencia humanitaria a la que hubiere lugar a los familiares de la víctima, en esta difícil circunstancia».
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