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El reciente reconocimiento por parte del laboratorio AstraZeneca sobre un posible efecto secundario raro de su vacuna contra el Covid-19 ha generado un amplio debate y preocupación a nivel mundial. La admisión ante un tribunal británico de que la vacuna podría estar vinculada al síndrome de trombosis con trombocitopenia (TTS) ha puesto en el centro de atención a esta empresa multinacional y su colaboración con la Universidad de Oxford en la producción de la vacuna.

La demanda colectiva presentada por presuntos afectados que experimentaron síndrome de trombosis con trombocitopenia después de recibir la vacuna ha destacado las posibles consecuencias graves que algunos individuos han experimentado, afectando de manera devastadora a varias familias. La empresa farmacéutica, aunque había señalado anteriormente la posibilidad de este efecto adverso en casos muy raros, no había reconocido oficialmente estas afirmaciones hasta que aparecieron en documentos judiciales recientes.

Asimismo, el laboratorio señaló que podría causar TTS en casos muy raros ha suscitado preocupaciones adicionales sobre la seguridad y eficacia de la vacuna. Este síndrome, que provoca la formación de coágulos sanguíneos y un recuento bajo de plaquetas en sangre, ha sido vinculado directamente a la vacuna y ha generado una serie de interrogantes sobre los protocolos de seguridad y los ensayos clínicos llevados a cabo antes de su autorización para uso público.

Con 51 casos reportados hasta el momento, el resultado de la demanda podría tener importantes repercusiones financieras para AstraZeneca. Si pierde el caso, el laboratorio podría enfrentar una compensación de hasta 100 millones de libras esterlinas para los demandantes.

Este desarrollo legal no solo plantea cuestiones sobre la responsabilidad de la empresa, sino también sobre la transparencia en la divulgación de información relacionada con la seguridad de las vacunas y el proceso de toma de decisiones regulatorias.

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