Amnistía Internacional presentó a la presidenta Dina Boluarte su informe preliminar sobre las manifestaciones en Ayacucho, Andahuaylas, Chincheros y Lima. Érika Guevara, directora para las américas de Amnistía Internacional, sostuvo que las autoridades peruanas actuaron con un «marcado sesgo racista» en las manifestaciones contra el Gobierno.
Guevara afirmó que desde las más altas autoridades existió un racismo sistemático que violentó a la población indígena y campesina. Acompañada de representantes de las víctimas de Cusco y Ayacucho, advirtió que el Poder Judicial ralentizó casos contra los Derechos Humanos en las protestas.
El informe concluyó que entre el 29 de enero y el 11 de febrero se habrían cometido 46 casos de posible violación de derechos humanos. Además, 12 casos de muerte por el uso desmedido de armas de fuego por parte de las fuerzas del orden.
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