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El primer ministro, Aníbal Torres, se pronunció respecto a la denuncia constitucional que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó contra el mandatario Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Ante este escenario, adelantó que solicitará a la ONU una opinión.

En esa línea, en conferencia con la prensa extranjera, precisó que la titular del Ministerio Público argumentó su acusación fiscal bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; no obstante, la misma pidió que no se aplique el Código Procesal Penal y la Constitución.

“Ni el artículo 25, ni el artículo 30 de la Convención son auto ejecutables, lo que significa que en cualquier caso potencial, las autoridades estarían aplicando la legislación nacional y no la convención directamente como tal. No se trata de aplicar la convención, sino de discutir un caso nacional en curso, de acuerdo con la legislación nacional”, señaló.

“No hay más delitos por los cuales se le puede acusar, someter a antejuicio o acusación constitucional al presidente de la República. La fiscal de la Nación no está señalando ninguno de estos casos, por lo tanto, está violando manifiestamente la Constitución”, apuntó Torres Vásquez.

En otro momento, el jefe del Gabinete Ministerial fue consultado, tras este panorama, si dentro de los planes del Ejecutivo existe la posibilidad de un cierre del Parlamento Nacional, a lo que respondió que harán uso de todas las acciones que les permite la ley.