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Durante la pandemia de COVID-19 en el Perú, Sedapal firmó un acuerdo con la Municipalidad de San Antonio de Huarochirí para distribuir agua potable de forma gratuita a través de 80 cisternas. No obstante, los propios pobladores denunciaron que se les cobra por el abasto.

Una paciente investigación de Punto Final demostró que presuntas mafias derivan litros y litros de agua a otras cisternas para venderla. Los camiones se desvían de su destino original y llegan a un local, donde hacen el cambio.

Un colaborador pudo infiltrarse en esta red criminal y evidenciar cómo se trasladaba el agua de la cisterna a un gigantesco pozo. Luego de esta acción, llegaban las cisternas privadas y eran abastecidas con los litros de agua que previamente habían sido sustraídas.

Asimismo, también se conoció que en distintos casos el recurso iba a parar en obras destinadas por la referida comuna. «Le había dicho, pues, que me haga el favor y que me lleve el agua para la obra de Valle Sagrado. Sí, de parte del regidor Julca, es para la obra de la Municipalidad», indicó una trabajadora cuya identidad se desconoce.

Descargo de Sedapal ante denuncia

Luego de que un reportaje de Punto Final revelara que el agua que estaba destinada a cubrir las necesidades de la población más vulnerable en San Antonio de Huarochirí, Sedapal emitió un comunicado para rechazar y condenar este ilícito hecho.

«La distribución de agua potable gratuita es una iniciativa de Sedapal que surgió al inicio de la pandemia, con la finalidad de atender a la población vulnerable de las zonas no administradas por la empresa, durante el estado de emergencia», refiere el pronunciamiento.

«Iniciaremos legales y penales para que se castigue con todo el peso de la ley a los inescrupulosos que han destinado el agua gratuita de la población para otros fines», añade.