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SANTIAGO, 25 abr (Reuters) – En medio del ruido feroz de un polígono de tiro en Santiago, Javiera Castillo dispara al blanco una y otra vez. Viene regularmente junto con su pareja para aprender a usar una pistola después que, hace casi un año, fuera de su casa, hombres armados los asaltaron con violencia.

Fueron víctimas de un «portonazo», un método de robo de vehículos que se ha hecho muy común en Chile los últimos años.

Aunque es uno de los países más seguros de América Latina, los delitos violentos como asaltos con intimidación y homicidios han ido en aumento en Chile, así como crímenes antes escasos como extorsión, sicariato y secuestro.

«Donde vivimos roban mucho y, como está hoy la delincuencia, yo creo que es casi una necesidad tener un arma en la casa», dijo a Reuters Castillo, de 23 años, tras terminar su práctica.

Luego del robo en el populoso municipio capitalino de Maipú, no quería saber de armas ni salir por la noche, pero tiempo después junto con su pareja compraron la pistola y se inscribieron en el club de tiro para aprender a disparar y perder el miedo de, eventualmente, usarla en su defensa.

«Quedé con terror de las armas, pero a medida que hacemos clases y entrenamos, mejoramos puntería y también vamos perdiendo el miedo», dijo Castillo, estudiante de administración y pequeña comerciante.

Según el Ministerio del Interior, los homicidios saltaron 33% interanual en 2022, una de las mayores alzas en la región, y los robos con violencia un 63%. Los secuestros crecieron 77% el año pasado, según la Policía de Investigaciones (PDI), que dijo que hay una marcada presencia de detenidos extranjeros en estos últimos crímenes.

De acuerdo al reporte 2022 sobre homicidios de Insight Crime, el alza de estos delitos en Chile fue la tercera mayor de la región, detrás de Ecuador y Surinam. Países latinoamericanos más violentos como Brasil, Colombia y México, por otro lado, tuvieron ligeras disminuciones.

Autoridades dicen que una mayor circulación de armas y el crimen organizado ha contribuido al aumento.

Mientras, la percepción de inseguridad entre la población subió al mayor nivel en dos décadas, según la fundación Paz Ciudadana, lo que forzó al Gobierno del izquierdista Gabriel Boric a abrazar una amplia agenda de seguridad pública.

Ciudadanos y empresas, por su parte, buscan más seguridad, con una creciente demanda por vehículos blindados y guardias. Según el más reciente reporte de la oficina del Ministerio de Defensa que controla las armas en Chile (DGMN), el número de inscripciones de armas alcanzó el nivel más alto desde 2009.

La Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) dijo a Reuters que el incremento de armas inscritas exclusivamente para defensa personal aumentó un 6% en los últimos seis meses.

«Es la vida de ellos o la nuestra», dice la pareja de Javiera Castillo, Hernando Guerrero, de 25 años.

SALTA LA DEMANDA

Rodrigo Rivera, gerente de Blindatek, una firma de blindaje balístico para vehículos livianos y pesados, dice que empezó a ofrecer el servicio hace tres años cuando varios clientes de su empresa de accesorios para autos comenzaron a pedirlo.

Ya ha intervenido carrocerías y vidrios de unos 200 autos. Si en un primer momento eran empresas o instituciones que protegían a sus altos ejecutivos, hoy lo requieren profesionales que deben trasladarse de noche o familias que han sido víctimas de «portonazos» o «encerronas», como se bautizó a los violetos robos armados en medio de las autopistas.

«Dentro de la región, probablemente Chile era el único país que no tenía blindadoras establecidas», dijo a Reuters, explicando que el costo de intervenir un vehículo varía entre 20.000 y 30.000 dólares.

«Es un negocio que va a seguir creciendo, es difícil que la violencia disminuya. Como ha pasado en otros países, esta industria llega y se queda», señaló Rivera, quien también aboga porque se regule la actividad en Chile, donde hoy cualquier persona puede blindar un auto y no hay registros oficiales.

Actualmente, hay unas cinco empresas que lo hacen.

En 2022, los mayores centros comerciales locales aumentaron en 30% sus inversiones en seguridad, según la Cámara que los agrupa, mientras que según la policía, este año se prevé que se acrediten o renueven sus licencias 200.000 guardias de seguridad, más que los 145.000 de 2022.

«Esta industria crece, se amolda y se ajusta a las variables que tiene la actividad delictual y que en el país permiten que exista una demanda importante en la acreditación de las personas que van a trabajar en la seguridad privada», dijo a Reuters el teniente coronel Miguel Calderón, subprefecto de los Servicios de la Prefectura de Seguridad Privada de la policía.

Los datos también muestran que los registros de nuevas empresas para capacitar guardias o dedicadas a monitorización de seguridad en lo que va de 2023 ya supera los totales de los cinco años anteriores.

MÁS VIOLENCIA, MENOS RESOLUCIÓN

«Lo que ha aumentado fuertemente es la violencia en la ejecución de los delitos», dijo a Reuters el exfiscal Manuel Guerra, que encabezó oficinas regionales del ministerio público en Tarapacá, en el extremo norte del país, y en la zona Metropolitana Oriente, en la capital Santiago.

«El tema de fondo, más allá de los números, es el nivel de violencia, la proliferación de organizaciones criminales que concentran alto número de delitos y, por otra parte, una respuesta lenta de parte del Estado que no se está anticipando a los fenómenos criminales que están ocurriendo», añadió.

Con esto, la tasa de esclarecimiento de homicidios ha caído. «Eso habla de que las personas tienen mayor temor a colaborar y que probablemente muchos de los homicidios tienen relación con crímenes entre bandas o grupos organizados».

En Chile es muy estricta la normativa para comprar un arma en el mercado regulado. Sin embargo, el Ministerio del Interior dice que no cuenta con información detallada y sistematizado sobre mercado ilegal o armas usadas en la comisión de delitos.

En un reciente seminario sobre el impacto del crimen en el comercio, el viceministro del Interior, Manuel Monsalve dijo que desde 2015 la Fiscalía advirtió sobre un nuevo tipo de actividad delictual más violenta y compleja, lo que se conjuga con un avance sostenido de homicidios y robos violentos en una década.

En pocos años, dijo además, aumentó de 40% a 60% el uso de armas de fuego en los crímenes y aumentó de 27% a 49% la cantidad de homicidios con imputados desconocidos, lo que denota planificación, según el funcionario.

El Gobierno no respondió a varias consultas de Reuters.

Pero Monsalve dijo en ese seminario que «hay una brecha entre las capacidades que han desarrollado las organizaciones criminales y las capacidades que ha desarrollado el Estado», citando ejemplos la obsoleta flota de vehículos de la policía o la falta de coordinación en la investigación de los crímenes.

Recientemente, la tercera muerte de un policía durante un operativo en menos de un mes en Chile agudizó la crisis y Boric anunció 1.500 millones de dólares más para fortalecer el combate al crimen y respaldar el trabajo de la policía.

La visibilidad de los crímenes y la creciente violencia han afectado también la popularidad de Boric, que en marzo cumplió su primer año en el poder. De haber sido muy crítico de la policía cuando era diputado, pasó a entregarles firme apoyo público y eso ha provocado roces en su coalición de gobierno.

«Tener que lidiar con una crisis de seguridad y abordar la migración son áreas especialmente difíciles para un Gobierno con credenciales progresistas», dijo Nicholas Watson, de la consultora Teneo. «Su problema es que este cambio de posición puede ser considerado simplemente no creíble».