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Imperdonable. Un reportaje de Punto Final evidenció la pésima decisión por la que optó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) al enviar a menores en situación de abandono a centros de rehabilitación para adultos con problemas de drogadicción.

En efecto, la institución que tiene, entre sus funciones, velar por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes viene haciendo todo lo contrario. Esta situación se vendría reiterando desde inicios de 2017, cuando dos adolescentes fueron llevados al centro evangélico para rehabilitación de drogadictos y alcohólicos «Jehova Jireh». En aquel lugar eran castigados a correazos por parte del pastor.

Además, en 2019, 14 menores fueron rescatados del centro “Imanol” de San Juan de Lurigancho, debido a las deplorables condiciones en los que se hallaban. Cinco de ellos se encontraban en ese hogar por encargo del Ministerio de la Mujer.

“Me encerraron en una celda con candado, tampoco podía hablar como castigo, hacía mis necesidades en un balde en mi celda, que le decían correctivo”, confesó uno de los adolescentes afectados.

El pasado lunes 4 de abril, un caso similar fue abordado por la parlamentaria Magaly Ruíz, quien es miembro de la Comisión de Infancia, al constatar que dentro de las instalaciones, y en medio de las oficinas administrativas del MIMP entre escritorios y computadoras, descansaban cinco menores, siendo una de ella una bebé de apenas 6 días de nacida.

Al respecto, César Cárdenas, director de Niños, niñas y adolescentes del MIMP, justificó esta medida alegando que la raíz de este problema es el déficit de los centros de atención residencial. “La situación es estructural, no hay espacios para poderlos ubicar inmediatamente a los niños, todo está saturado, por la complejidad de los perfiles de los niños que se tienen en ese momento, no pueden recibirlos”, comentó.