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Un reportaje de Punto Final reveló como el Instituto Peruano del Deportivo ofreció entradas a altos funcionarios para que disfrutaran del último encuentro de la selección peruana en espacios exclusivos como lo son los palcos del Estadio Nacional.

Este informe no solo ha despertado el descontento y rechazo de miles de peruanos que no pudieron obtener un boleto para alentar a la ‘Bicolor’, sino que, según la penalista Romy Chang, dicho hecho está estipulado como delito de peculado, ya que sanciona la sustracción o el mal empleo de bienes que son considerados de uso público.

Al respecto, el IPD emitió un pronunciamiento descartando el mal uso de las propias y señaló que al no ser el organizador del evento deportivo, no tiene ninguna injerencia en las entradas que se emiten para los encuentros de la selección peruana o eventos similares.

“No existe correlación entre dichas entradas y el público en general, puesto que su naturaleza es ser un obsequio para invitados, como su nombre lo indica, y figura de ese modo en el contrato de arrendamiento. Es decir, no tienen un valor comercial, no se pueden vender, ni mucho menos su uso desplaza a ningún ‘hincha de a pie’ de su derecho de ingresar al recinto deportivo. (…) Su comercialización, por ejemplo, constituiría un uso indebido y queda claro que eso no ocurrió”, refiere el comunicado.