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Los condenados por delitos de terrorismo o apología podrán postular a cargos públicos gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional. Este organismo resolvió restablecer sus derechos para participar en la política, siempre y cuando estén rehabilitados.

Seis magistrados del TC declararon fundado el pedido de 7.345 ciudadanos que pidieron analizar la Ley 30717. En la misma, se impide la postulación de condenados por terrorismo y apología; pero cinco años después de su aprobación, se declaró como una vulneración a la vida política del país.

Fueron Morales Saravia, Pacheco Zerga, Domínguez Haro, Ochoa Rodrich, Monteagudo Valdez y Gutiérrez Ticse los tribunos que emitieron la sentencia. Ellos dieron cuenta que la frase en la ley que señalaba que el impedimento se aplicaba aun cuando hubieran sido rehabilitadas se debía anular.

«Declarar FUNDADA la demanda respecto de la frase ‘el impedimento resulta aplicable aun cuando hubieran sido rehabilitadas’ contenida en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 30717», precisa el expediente 00005-2020-PI/TC.

DECISIONES DIVIDIDAS

El abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, se mostró de acuerdo con la decisión del Tribunal. «Ha tomado una decisión correcta, en mi punto de vista, en aras de la constitucionalidad y del texto expreso de la Constitución», indicó en diálogo con Latina Noticias.

En tanto, el exprocurador antiterrorismo Julio Galindo rechazó la disposición, pues afirmó que el arrepentimiento de los terroristas condenados «es falso en toda su dimensión». El exfuncionario mostró su incomodidad con la decisión del TC.

En tanto, desde el Gobierno, el ministro del Interior, Willy Huerta, también se pronunció sobre esta polémica sentencia. «Es una facultad del Tribunal Constitucional pronunciarse sobre un tipo de actuaciones legales», refirió el titular del Mininter.