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La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió una investigación preliminar contra el jefe de Estado, Pedro Castillo, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión. Esto, a consecuencia de las visitas al inmueble de Breña y a Palacio de Gobierno por parte de la empresaria Karelim López y las adjudicaciones de contratos en Provias Descentralizado y Petroperú en la compra de Biodiesel.

Según transcendió el diario La República, la titular de la Fiscalía inició las pesquisas amparada en el artículo 117° de la Constitución Política del Estado. Lo cual establece que “el mandatario solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la Patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

Asimismo, las indagaciones recaerán primero en relación con las visitas que Karelim López llevó a cabo en la vivienda de Sarratea y al exsecretario general Bruno Pacheco. Pues recordemos que tras estas reuniones, la lobista obtuvo la adjudicación por parte de Provias Descentralizado de un contrato al Consorcio Puente Tarata III.

De igual manera, se hará lo propio con las reuniones que el empresario Samir Abudayeh efectuó a Palacio de Gobierno el pasado 15 y 18 de octubre. Al igual que López, el mencionado se vio beneficiado luego de que Petroperú comprara a su empresa Heaven Petroleum Operators (HPO) 280 mil barriles de biodiésel B100 por 74 millones de dólares.