SANTIAGO, 21 mar (Reuters) – La asamblea que redacta una nueva Constitución en Chile extendió el martes su funcionamiento por tres meses hasta julio, mientras sus integrantes buscan la manera de llegar a acuerdos sobre una larga lista de propuestas que abordan cuestiones ambientales, económicas y sociales.
Con 114 votos a favor, ocho en contra y 25 abstenciones, el organismo aprobó la única prórroga posible que fija como nueva fecha límite para el proyecto de carta magna el 5 de julio.
«Pese a todo lo avanzado, sabemos que aún falta un largo trabajo constituyente que deberá realizarse en un plazo corto», dijo María Elisa Quinteros, presidenta de la asamblea, durante un discurso previo a la votación para ampliar el plazo.
«No podemos desaprovechar esta oportunidad única que brindó la ciudadanía de Chile», añadió.
Si la convención no logra presentar una propuesta antes del 5 de julio, seguirá vigente la actual Constitución, que data de la dictadura de Augusto Pinochet aunque ha sido sometida a sucesivas reformas desde que entró en vigencia en 1980.
Los constituyentes han estado debatiendo y votando propuestas desde mediados de febrero y Quinteros dijo que hasta el momento se han aprobado 84 artículos.
Originalmente hubo más de 1200 propuestas, pero algunas fueron rechazadas en los comités, otras fueron eliminadas y varias fusionadas. La comisión ambiental en su primer informe, por ejemplo, tenía 40 propuestas y solo una fue aprobada.
Francisco Zambrano, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Chile, dijo a Reuters que los plazos eran esenciales porque la redacción de un nuevo texto es un proceso «de incertidumbre e inestabilidad institucional».
Con propuestas que pueden remodelar el sistema político de Chile a planes para nacionalizar la minería en el mayor productor mundial de cobre, la asamblea ha causado nerviosismo en los mercados. Cualquier norma necesita dos tercios de la asamblea para llegar al texto final, lo que ha atenuado algunas de las ideas más controvertidas.
El martes pasado se aprobó un artículo que garantiza los derechos reproductivos, incluido el aborto, poniendo en el borrador al menos un tema controvertido en un país históricamente conservador.
Cuando esté redactada, los chilenos decidirán si la aprueban o rechazan en un plebiscito obligatorio hacia finales de este año.
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