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SAN SALVADOR, 21 jun (Reuters) – El Congreso de El Salvador extendió el martes por tercera vez consecutiva un controvertido estado de emergencia para combatir a las violentas pandillas en la nación centroamericana, en medio de denuncias de organizaciones por supuestas violaciones a los derechos humanos en el marco de la disposición.

Tras un repunte histórico de homicidios a fines de marzo, el presidente Nayib Bukele solicitó a los legisladores aprobar un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales como la libertad de asociación, el derecho a la defensa, el plazo de detención y la inviolabilidad de la correspondencia.

La nueva extensión de esas medidas, que será por 30 días, fue aprobada por el legislativo salvadoreño, dominado por grupos afines a Bukele, con 67 votos a favor y 15 en contra.

«Estamos decididos a apoyar no solo una (prórroga) más, sino las que sean necesarias a la solicitud del Gobierno, porque es lo que está pidiendo la población», dijo a la prensa el jefe de facción del partido oficialista Nuevas Ideas, Christian Guevara.

En los tres meses de implementación de la estrategia, avalada en encuestas por el 70% de los salvadoreños, los cuerpos de seguridad han arrestado a más 41,300 personas por supuestamente pertenecer o colaborar con las pandillas.

A mediados de mayo, Reuters reportó que, en medio del estado de excepción, la fuerza pública detuvo a decenas de inocentes acusados de pertenecer a las pandillas para cumplir con cuotas de capturas impuestas por sus superiores.

«El régimen de excepción a estas alturas no tiene base constitucional, las prórrogas son inconstitucionales, no hay ninguna motivación ni una razón constitucional por las que el régimen deba seguirse prorrogando», afirmó a periodistas el abogado Abraham Ábrego, de la organización centroamericana Cristosal, que ha denunciado la muerte de 46 arrestados.

En sus primeros meses en el cargo, Bukele redujo drásticamente el número de homicidios granjeándole un éxito sin precedentes. Sin embargo, el año pasado se supo que la cifra había sido lograda luego de reuniones furtivas con jefes de las pandillas a cambio de beneficios carcelarios.