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BOGOTÁ, 3 mar (Reuters) – La situación de derechos humanos en Colombia se deterioró en 2021 por un incremento de la violencia en los territorios que golpeó principalmente a las comunidades afrodescendientes e indígenas, reveló el jueves la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

El informe anual dado a conocer por Juliette de Rivero, la representante en Colombia de la ACNUDH, reportó un incremento de los asesinatos de líderes sociales y civiles, además de las masacres, de los desplazamientos, el reclutamiento de menores de edad y del uso de minas antipersonales por parte de grupos armados ilegales.

La funcionaria instó al Gobierno a reforzar la presencia del Estado en las apartadas zonas selváticas y montañosas en donde tienen presencia grupos armados no estatales que con amenazas y violencia buscan someter a la población y a sus líderes para facilitar sus actividades ilegales como el narcotráfico.

«Lo que hemos visto con preocupación en 2021 ha sido un incremento de la violencia en los territorios. Esa la preocupación principal que recoge este informe», dijo de Rivero en la presentación del documento.

«Pese a algunos avances, la situación de violencia está afectando de manera desproporcionada a pueblos indígenas y afrodescendientes en los territorios y debe ser atendida de manera prioritaria por este Gobierno y el entrante», agregó.

De acuerdo con el informe, el año pasado la ACNUDH verificó 78 masacres que dejaron 292 personas muertas, más de 72.000 personas desplazadas por la violencia de grupos armados no gubernamentales, además del asesinato comprobado de 100 líderes sociales y 54 antiguos integrantes de las FARC.

Colombia enfrenta un conflicto armado de casi seis décadas que ha dejado unos 260.000 muertos y millones de desplazados en el que guerrillas izquierdistas, bandas criminales que surgieron de escuadrones paramilitares de derecha y las Fuerzas Armadas del Estado se enfrentan.

Aunque un acuerdo de paz de 2016 permitió que unos 13.000 integrantes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entregaran las armas, se reintegraran a la vida civil y conformaran un partido político, algunos excomandantes y antiguos combatientes regresaron a la lucha armada.

Actualmente, los disidentes conforman dos facciones con más de 2.400 combatientes con vínculos con el narcotráfico y la minería ilegal, según fuentes de seguridad, y se enfrentan por el control territorial de zonas estratégicas con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales como el Clan del Golfo.

Para la ACNUDH unos de los mayores desafíos para la paz es la limitada presencia integral del Estado, sobre todo de autoridades civiles, en varias zonas del país, en donde es necesario promover mayor acceso a la justicia para recudir la impunidad y dar acceso a servicios básicos a las comunidades.

En algunas regiones de Colombia se observó que la creciente presencia de la Fuerza Pública no evitó la multiplicación, expansión y violencia de grupos armados no estatales, según la ACNUDH que instó al Gobierno a desarticular esas organizaciones.

«Para nosotros la recomendación principal es este sentido es reforzar la implementación del acuerdo de paz y en particular la implementación de una política de desmantelamiento de estos grupos generadores de violencia», concluyó de Rivero.