BUENOS AIRES, 23 dic (Reuters) – El presidente de Argentina, Alberto Fernández, desató una batalla con el máximo tribunal de Justicia del país y una especie de crisis institucional tras decir que rechaza un fallo a favor de mayores fondos para la ciudad de Buenos Aires, gobernada por una alianza opositora.
El país sudamericano tiene una ley que establece cómo se distribuyen los fondos estatales entre las distintas provincias del país, incluida el área de la capital argentina, que está controlada por un alcalde de centroderecha.
En un fallo publicado el miércoles, la Corte Suprema dijo que la ciudad debe volver a recibir el 2,95% de los fondos desde el actual 1,4%, después de que el Gobierno nacional le recortó los desembolsos por decreto durante la pandemia de COVID-19 en 2020. La ciudad es la más rica y poblada del país.
Fernández, en un comunicado el jueves por la noche, dijo que el fallo es inédito, de imposible cumplimiento y que es motivado por cuestiones políticas.
«En un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA (Ciudad de Buenos Aires)», dijo el presidente de centroizquierda en un comunicado.
«Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento».
Fernández, que ha perdido las últimas elecciones legislativas y cuya popularidad ha caído abruptamente en los últimos años, dijo que solicitó «a los órganos competentes del Estado Nacional a recusar a los miembros de la Corte Suprema» y a presentar un recursos para revocar el fallo.
Sus comentarios provocaron una reacción violenta tanto en el oficialismo como en la oposición, algunos coincidieron con el presidente en que el fallo era injustificado y otros dijeron que el rechazo de una decisión de la Corte Suprema sentó un precedente peligroso y que socava al sistema de Justicia.
“El Presidente decidió quebrar el orden constitucional, violar por completo el Estado de Derecho y atentar contra la democracia», dijo el alcalde de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, quien quiere postularse como candidato presidencial en las elecciones del 2023.
Varios grupos industriales criticaron la reacción oficial por considerarla peligrosa para el estado de derecho, mientras que varios gobernadores regionales apoyaron al presidente.
«Ya son 18 gobernadores los que denuncian la decisión partidaria de la Corte Suprema para beneficiar al jefe de gobierno de la ciudad y en contra de todas las Provincias», sostuvo Axel Kicillof, mandatario de la provincia de Buenos Aires, en su cuenta de Twitter.
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