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Patricia Benavides, titular del Ministerio Público, figuraba como fallecida en el sistema del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Luego de darse a conocer el acta, la Fiscalía aclaró que la información era falsa y que investigará a los responsables.

«Es falsa la información de la ficha Reniec de la fiscal de la Nación, que consigna el dato manipulado de su ‘fallecimiento’. Desde el Ministerio Público se rechaza el uso ilícito de los sistemas informáticos estatales. Se procederá con las acciones correspondientes», precisaron en su cuenta de Twitter.

La polémica revelación se da luego de que, al igual que Benavides, Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa de Sarratea y buscado por la justicia, también fuese declarado como muerto en Reniec. En ambos casos, las actas fueron registradas por Magaly Michelli García.

Por ello, la jefa de Reniec, Carmen Velarde, informó en conferencia de prensa que esta entidad ya no emitirá actas de defunción, por lo que, a partir de ahora, los familiares deberán acudir a sus oficinas con el certificado de defunción impreso, emitido por un médico con su firma y huella digital.

Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Chero, aclaró que Reniec «es un ente autónomo», por lo que no depende del Ejecutivo. Añadió que los responsables deben ser sancionados y, de ser necesario, que el organismo pase por un proceso de reingeniería para evitar estas situaciones.

RENIEC “MATÓ” Y “RESUCITÓ” A ALEJANDRO SÁNCHEZ, DUEÑO DE LA CASA DE SARRATEA

Alejandro Sánchez es el dueño de la casa de Sarratea, el inmueble ubicado en Breña, considerado como el ‘despacho presidencial paralelo’ de Pedro Castillo. Él solo está prófugo desde hace dos días, sino que apareció como «fallecido» en el registro de RENIEC. A raíz de la denuncia en medios, volvió a aparecer como vivo.

No se trató de un milagro bíblico, no. Este cuestionable cambio pone bajo la lupa al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Cabe recordar que sobre Alejandro Sánchez Sánchez pesa una orden de detención preliminar por 10 días.