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De acuerdo a la Asociación Civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), graves ausencias se evidenciaron este último domingo en el bloque de análisis sobre protección del medio ambiente y desarrollo sostenible del debate de equipos técnicos con miras a la segunda vuelta electoral, presentado por Hernando Guerra García, Fuerza Popular; y Celeste Rosas, de Perú Libre.

En este contexto carente de propuestas en lo ambiental, identifica una agenda de puntos claves para una reactivación económica sostenible y coherente con la protección de la vida y salud, que debería tomar en cuenta el próximo Gobierno.

Reactivación con salud

Un gran tema pendiente y primordial de acuerdo a DAR, es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con la incorporación de la opinión técnica previa vinculante del sector Salud a los Estudios de Impacto (EIA). Ello permitiría que se incluyan de manera obligatoria medidas que eviten o contrarresten los impactos a la salud que puedan traer, por ejemplo, proyectos  extractivos y de infraestructura, garantizando la salud en el marco de la pandemia, sobre todo en zonas vulnerables como la Amazonía peruana.

En esa línea, es también urgente contar con protocolos de salud efectivos y fiscalizados para los mecanismos de participación ciudadana, dados en el marco de los proyectos de inversión para la reactivación, ya que siguen en marcha mecanismos como talleres y audiencias presenciales, donde debe evitarse exposiciones y situaciones de riesgo.

Reactivación con infraestructura sostenible

En cuanto a infraestructura y conectividad en la Amazonía, se necesita ordenar y mejorar el transporte en los ríos con un sistema de transporte fluvial sostenible con mirada intercultural, creado a partir de las necesidades locales de la población, evitando proyectos con vacíos técnicos y fallas en el diseño. Para ello, es clave la modernización de las flotas, la instalación de embarcaderos locales para dinamizar y beneficiar a quienes habitan en las riberas. Asimismo, hacen falta normas y capacidades para fortalecer la supervisión y fiscalización en el transporte fluvial.

“Ordenar el transporte por río ya existente reduciría impactos y evitaría las graves consecuencias de las carreteras en la Amazonía, tales como los que podría traer la carretera Pucallpa-Cruzeiro Do Sul, impulsada este viernes por el Congreso mediante la aprobación del PL Nº 6486/2020-CR, a pesar de que la vía atravesaría, por el lado brasileño, el Parque Nacional da Serra do Divisor, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 2017; y por el lado peruano, podría generar riesgos socioambientales a la propuesta de ÁCR Alto Tamaya – Abujao y de la Reserva Indígena Isconahua”, resalta Vanessa Cueto, vicepresidenta de DAR.

Reactivación con protección ambiental

Otro punto de agenda, según refiere Vanessa Cueto es “fortalecer medidas de protección ambiental en el reglamento de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, cuya propuesta de nuevo Reglamento (RM N° 430-2020-MINEM/DM) deja abierta la puerta a la exploración y explotación de petróleo incluso en áreas naturales protegidas clasificadas como intangibles, como son el Manu o el Bahuaja Sonene, mediante actividades de perforación direccional o dirigida”.

Esta misma propuesta, en sus artículos 77, 137 y 228 propone acciones de fracturamiento hidráulico (conocido como fracking), que abriría una vía para la implementación de una práctica peligrosa, dado que, de acuerdo a la OMS, muchos de los químicos usados en el fracking incluyen carcinógenos conocidos y sospechosos (Colborn et al., 2011, p.18).

Reactivación con consulta previa, participación y vigilancia ambiental

Otro punto resaltado por DAR, para ser priorizado por el nuevo Gobierno, es que se responda al pedido de las organizaciones indígenas de impulsar la consulta previa de los Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos de inversión, tal como se viene proponiendo con el PL Nº 3843/2018-CR, que modifica el SEIA para que se incorpore la consulta previa antes de la certificación ambiental, cumpliendo así con los estándares sobre consulta previa reconocidos en la Sentencia A.P. 29126-2018.

Es urgente garantizar la implementación de dicha sentencia que expulsó del ordenamiento jurídico la décimo quinta disposición complementaria del Reglamento de la Ley de consulta previa, que excluía a los servicios públicos, como las carreteras, de la consulta.

Asimismo, vigilar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad durante la reactivación económica significa un rol más activo de la población, por lo que se debe reconocer a los grupos de vigilancia ambiental, integrando su trabajo con el que realiza el Estado a través del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, de modo que se tenga alertas tempranas y respuestas más rápidas frente a derrames de petróleo, deforestación ilegal, entre otros, tal como se viene discutiendo actualmente con la Ley Marco sobre Monitoreo y Vigilancia Ambiental (Dictamen recaído en los PL 336/2016-CR y PL 389/2016-CR), actualmente pendiente de ser agendada para su debate en el Congreso.