Tras la revelación que hiciera Punto Final sobre el irregular resguardo policial que recibía el líder de Perú Libre Vladimir Cerrón, la Procuraduría Anticorrupción de Junín le formuló una denuncia penal por la presunta comisión del delito contra la administración pública en modalidad peculado y colisión.
La acusación también recae ante el actual gobernador de Junín, Fernando Orihuela y el suboficial de la Policía Nacional del Perú, Carlos Zárate, por la presunta comisión de los delitos antes mencionados. Asimismo, se solicitó el levantamiento bancario y de las comunicaciones de los investigados, así como abrirles una investigación preliminar.
Esto, a consecuencia de un reportaje de la Unidad de investigación periodística de Latina que descubrió que el agente policial Zárate Villalobos no solo ejercía una función que no se le había designado, sino que, además, sus familiares obtuvieron contratos millonarios con el Gobierno Regional de Junín.
Cabe destacar que tras este destape, el Congreso de la República decidió citar al ministro del Interior, Juan Carrasco. No obstante, el titular del Mininter adelantó que serían “tajantes” en las investigaciones por la indebida protección policial a Vladimir Cerrón.
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