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El Pleno del Congreso decidirá este jueves 25 de mayo si acusa constitucionalmente o no a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, a quien se le imputa el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe que también solicita su inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años. Esto, debido a su decisión de suspender la investigación en contra del entonces presidente de la República, Pedro Castillo.

Frente a este escenario, la exfiscal se defendió de las acusaciones y afirmó que la Constitución le impedía llamar a declarar al exmandatario. Asimismo, aseveró que las denuncias se deben a una venganza política y a un intento de copar instituciones.

«Es un móvil político, porque yo no he violado ningún artículo de la Constitución, no me he demorado, entonces no queda otra respuesta de que en realidad es un intento por copar las instituciones», manifestó Ávalos en diálogo con Buenas nuevas, malas nuevas.

«Yo decido abrir investigación contra Castillo el 4 de enero, no me demoro. Dirán que por qué suspendo, nunca se suspendió la investigación, los hechos se siguen investigando, lo que se suspendió con respecto a él es que no lo podía llamar a declarar», precisó.

ADVIERTE DE INTERESES PERSONALES

Zoraida Ávalos también advirtió sobre supuestos intereses personales para inhabilitarla como fiscal suprema. Precisó que se estaría buscando esto para que su posición la ocupe una fiscal asociada a Pedro Chávarry, extitular del Ministerio Público.

«Si el día 25 logran destituirme, ya queda una plaza y tienen ahí personas en la lista, el primer lugar lo ocuparía la doctora Yanina Tapia, que ha sido la fiscal adjunta suprema del doctor Pedro Gonzalo Chávarry«, aseveró.