Nuevos audios atribuidos a Santiváñez revelan presunto favorecimiento a “El Diablo”

El exministro del Interior y actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez Antúnez, enfrenta una investigación por presunto tráfico de influencias. La Fiscalía ha revelado la existencia de chats y audios que lo vincularían con gestiones irregulares en el Tribunal Constitucional (TC), el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Justicia.

Según el Código Penal, este delito se configura cuando se invocan influencias, ya sean reales o simuladas, para obtener un beneficio personal o para un tercero. En este caso, el exministro, en su rol de abogado, habría ofrecido ayuda para un cliente condenado por integrar una banda criminal.

SANTIVÁÑEZ Y “EL DIABLO”

Todo comenzó con el caso del suboficial Miguel Joao Marcelo Salirrosas, alias “El Diablo”, condenado a 27 años de prisión en 2022. La familia del sentenciado contactó a Santiváñez, conocido por defender a policías. En una audiencia pública en marzo, la Fiscalía expuso que Santiváñez habría solicitado 20 mil dólares adicionales a sus honorarios para asegurar una decisión favorable en el Tribunal Constitucional, alegando tener contactos en la Segunda Sala. Sin embargo, el recurso legal fue rechazado por unanimidad. A pesar del fracaso, los audios sugieren que Santiváñez continuó moviendo sus influencias.

La investigación también señala presuntas acciones de Santiváñez, ya en funciones en el ministerio del Interior, para favorecer a su ex cliente. Audios revelados por un testigo protegido muestran al exministro pidiendo al entonces jefe del INPE, José Luis Llaque, que no se ejecutara un traslado de cárcel de Marcelo Salirrosas.

Además, otra grabación, supuestamente desde el despacho ministerial de Santiváñez, muestra una llamada al exministro de Justicia y actual premier, Eduardo Arana, para interceder por el cambio de pabellón del reo. Arana ha negado haber tenido alguna coordinación sobre el caso.

Ante el fracaso de las gestiones, el abogado Santiváñez habría devuelto parte del dinero a la familia del preso, lo cual, para la Fiscalía, es otra prueba de que el pago no fue por honorarios, sino para asegurar un resultado.

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