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LIMA, 4 ene (Reuters) – Miles de personas marcharon este último martes en distintas regiones del país, reclamando «paz y tranquilidad», en momentos en que las autoridades esperan una nueva ola de protestas tras una pausa en los mortales disturbios que dejaron más de 25 muertos y que coincidió con las fiestas navideñas.

Cargando una larga bandera roja y blanca, y muchos con la camiseta de la selección de fútbol, los manifestantes desfilaron por algunas calles de Lima, días después de que el país sufriera uno de los episodios más violentos de los últimos años tras la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo.

Castillo, un exmaestro de izquierda que estuvo en el poder casi 17 meses, había intentado disolver ilegalmente el Congreso y reorganizar el Poder Judicial.

«Esto es un clamor del pueblo peruano, lo que queremos es paz. Son millones de peruanos y los vándalos son unos pocos, ellos no van a tomar nuestro país a través de la violencia, por eso estamos aquí», dijo Mónica Sánchez, una de las manifestantes.

Otras marchas se registraron en las ciudades de Arequipa y Tacna en el sur y en La Libertad en el norte. Además, en las ciudades andinas de Huancayo y Puno, según la televisión local.

La manifestación denominada «Gran Marcha por la Paz» fue organizada por grupos conservadores y religiosos. El evento había sido convocado también por la policía, pero la institución le retiró su apoyo en medio de críticas de una supuesta injerencia en marchas políticas que han polarizado al país.

El martes, la policía detuvo a una mujer en Lima que minutos antes había arrojado pintura roja a los agentes de seguridad en protesta por las recientes decenas de muertes.

Tras la expulsión de Castillo el 7 de diciembre, su vicepresidenta Dina Boluarte asumió el poder y anunció un gobierno de transición hasta que se realicen unas elecciones anticipadas, previstas inicialmente para abril del 2024.

Castillo, de 52 años, cumple una prisión preventiva por 18 meses mientras es investigado por la fiscalía por presunta «rebelión y conspiración» contra el Estado.

¿FIN DE TREGUA?

En un evento más temprano, Boluarte dijo que para promover la paz social ha iniciado una ronda de diálogos «sin excepciones» en zonas de mayor confictividad y reclamó celeridad en las investigaciones por las muertes en las protestas.

«No podemos enterarnos de los reclamos solo cuando estalla un conflicto», dijo en un discurso. «Queremos una justicia rápida para los familiares de nuestros compatriotas que fallecieron durante los actos de protestas, ello evitará la inmunidad y contribuirá a la paz social», refirió.

Boluarte ha dicho que la policía ha detectado a infiltrados que buscan el caos. Una investigación de Reuters mostró casos de peruanos, algunos transeúntes, que murieron tras enfrentamientos con militares en la región andina de Ayacucho.

Representantes de grupos civiles y de sindicatos de diez regiones del sur del país, históricamente votantes de izquierda, han anunciado el reinicio de protestas el miércoles reclamando la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, una Asamblea Constituyente y la liberación del exmandatario Castillo.

Entre las regiones que planean huelgas y bloqueos de forma indefinida se encuentran las mineras de Arequipa, Cusco y Apurímac, donde se asientan importantes productoras de cobre. Perú es el segundo mayor productor mundial del metal rojo.

La empresa Ferrocarril Transandino anunció la suspensión desde el miércoles de sus servicios en Cusco, entre ellos la ruta llega a la ciudadela inca Machupichu, la más visitada por los turistas nacionales y extranjeros, ante el esperado «reinicio indefinido de las manifestaciones de protestas».

Para evitar los disturbios, la presidenta Boluarte envió a sus ministros en los últimos días a algunas regiones del sur del país en busca de dialogar con los líderes de los manifestantes, pero muchos de ellos rechazaron reunirse con los funcionarios.

A mediados de diciembre, el gobierno de Boluarte decretó el estado de emergencia en el país, una medida que permite a las Fuerzas Armadas ayudar a la policía a mantener el orden público.