Presidencia se pronunció luego de la diligencia que se realizó durante la madrugada de este sábado en la casa de Dina Boluarte.
La Presidencia del Perú se pronunció a través de su cuenta de Twitter luego del allanamiento a la vivienda de la Dina Boluarte en Surquillo y a la residencia de la mandataria de Palacio de Gobierno.
“Personal de Palacio de Gobierno brindó todas las facilidades para la diligencia solicitada por la Fiscalía de la Nación, la misma que se desarrolló con normalidad y sin ninguna incidencia”, indicaron en redes sociales.
El viernes 29 de marzo, alrededor de las 10:55 p.m., representantes del Ministerio Público y agentes policiales de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) iniciaron un allanamiento en la vivienda de la presidenta de la República, Dina Boluarte, ubicada en Surquillo, en el marco de las investigaciones por el Caso Rolex.
Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros (PCM), se pronunció en su cuenta personal X (antes Twitter) después de que representantes del Ministerio Público y agentes policiales de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) hayan allanado la vivienda de la presidenta de la República, Dina Boluarte, ubicada en Surquillo, en el marco de las pesquisas por el Caso Rolex.
«Es grave el ruido político que se está haciendo, que afecta a las inversiones y a todo el país. Lo que ha sucedido en las últimas horas son acciones desproporcionadas e inconstitucionales», escribió en un primer tuit.
En otro mensaje, el titular de la PCM aclaró que la presidenta no está pensando en renunciar. «Llamamos a las fuerzas políticas y sociales a vigilar el orden constitucional. La presidenta y el gabinete estamos decididos en continuar trabajando por la reactivación económica y la seguridad. Esa es la prioridad. Nadie ha pensado renunciar por esta acción desproporcionada», resaltó.
«Los ministros de Estado expresamos nuestra solidaridad con la presidenta y rechazamos enérgicamente estas acciones políticas desestabilizadoras, que se encubren en cuestionables disposiciones jurisdiccionales y reafirman la politización de la justicia», acotó.
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