En las últimas semanas, dos escándalos han revelado, una vez más, serios problemas en la Policía y la Fiscalía. El primer caso involucra al alférez Franco Fabricio Arias Jiménez, un joven oficial que apenas hace 8 meses egresó de la escuela de oficiales. La denuncia alega que Arias extorsionó a la madre de un joven detenido, pidiéndole dinero para acelerar la liberación de su hijo, quien estaba bajo sospecha de posesión de drogas.
La madre del joven afirma que el alférez le prometió gestionar la libertad de su hijo a cambio de 2 mil soles, pero, tras el paso de los días y el incumplimiento de la promesa, Arias continuó pidiendo más dinero para «limpiar» el caso. La situación empeoró cuando, a pesar de las pruebas y los audios que muestran la conversación entre Arias y la madre, el oficial se mostró evasivo y comenzó a negar los hechos.
En un segundo caso, la fiscal Ana María Altamirano Malabrigo, de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de La Esperanza en Trujillo, también está en el centro de la controversia. Altamirano fue acusada de priorizar compromisos personales sobre su deber, lo que llevó a la liberación de delincuentes a quienes se les había detenido tras un asalto a mano armada. A pesar de las insistencias de la policía, la fiscal no se presentó a tiempo, causando que el plazo de flagrancia venciera y los delincuentes fueran liberados.
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