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Una pareja de esposos empresarios denunció ante un efectivo policial, al que consideraban un amigo, que venían siendo extorsionados. La suma que los delincuentes solicitaban era de 100.000 soles y ya los amedrentaban mediante llamadas y hasta disparos a la fachada de su casa.

Lo que esta familia no esperaba era que este agente policial, el suboficial de tercera Paul Galarza Olaya, integraba la banda criminal que los extorsionaba. El efectivo pertenecía a la unidad de patrullaje de la comisaría de Barboncitos, en San Martín de Porres.

En una de las conversaciones, los delincuentes revelaban contar con información y detalles privados de la familia. Por ello, Eduardo y Carmen acudieron a Galarza, quien simplemente atinó a decirles que debían cancelar el monto que exigían los extorsionadores.

«Yo no voy a preferir que ellos ejecuten a uno de mi familia por el dinero porque a ellos el dinero les va y les viene. Si tu no quieres dar lo que ellos te están pidiendo normal van a vengarse con los tuyos», se le oye decir al policía en un audio enviado a la pareja.

POLICÍA USABA PATRULLERO PARA DELINQUIR

La identidad de los extorsionadores se escondía en el anonimato de una red social; sin embargo, estos tenían un denominador en común. Una dirección IP que logró ser rastreada por la Policía y que los llevó hasta un car wash ubicado en SMP. 

El suboficial Galarza mantenía una amistad con el dueño de local y con dos trabajadores. Al lugar, el agente llegaba usando el patrullero de la dependencia policial donde laboraba, comprobándose que utilizaba los recursos del Estado para delinquir.

La pareja, atemorizada, optó por pagarle a los criminales. El propio Galarza se ofreció a acompañarlos; sin embargo, no contaba con que efectivos de la División Antisecuestros de la Dirincri vigilaban el encuentro. Ahí, lograron intervenir a dos ciudadanos extranjeros.

Posteriormente, Galarza fue detenido tras comprobarse su vínculo con esta mafia. Por él y sus compinches, el Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva, pedido que fue aceptado por el Poder Judicial, a la espera que también sea separado de la PNP.