Prisión Preventiva: Señalan que riesgo de que Keiko influya en investigación sería alto

Richard Concepción Carhuancho, titular del primer juzgado de investigación preparatoria nacional decidió dictar decisión sobre Keiko Sofía Fujimori Higuchi el 31 de octubre de 2018 y sorprendió a la defensa por tomar esa disposición de sorpresa.

Para Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, “la resolución, si de algo está cargada, es de subjetividades y una gran porción de análisis y acoplamiento de criterios políticos”, afirmó.

¿Cuán ciertas son las palabras de la abogada de Fujimori? ¿La decisión de enviarla a prisión fue llevada por la pasión de un juez a quien muchos llaman carcelero? ¿Correrá la lideresa fujimorista la misma suerte que Ollanta Humala y Nadine Heredia, apresados también por Concepción Carhuancho? Muchas preguntas rodean a una resolución que fue leída durante casi ocho horas. Analicemos al detalle el caso.

La sala que preside Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión a Keiko Fujimori para que el Ministerio Público la investigue por presuntamente liderar una organización criminal que lavó 1 millón de dólares de la compañía constructora Odebrecht en la campaña presidencial del 2011.

Para la fiscalía, las 11 personas para quienes se solicitó 36 meses de prisión preventiva pertenecen a una organización criminal que lavó activos, un delito que para la abogada Romy Chang supone un gran reto en la investigación.

“El delito de lavado de activos tiene un requisito indispensable: demostrar que el dinero viene de un origen ilícito. Producto de ese trabajo”, detalla.

En su resolución, Concepción Carhuancho usó un particular adjetivo para confirmar el primero de los tres presupuestos que exige la ley para apresar a alguien: la convicción de que Keiko Fujimori sería la cabecilla de la presunta agrupación delictiva.

Un elemento que trajo a colación varias veces fue el chat de ‘La Botica’, el tristemente célebre grupo de mensajería en el que algunos legisladores coordinaban acciones que hoy se cuestionan.

“Él confunde la estructura de un partido político asumiéndola en una estructura vertical de una organización”, defiende la abogada de Keiko Fujimori. Pero, ¿son válidos los chats presentados por el fiscal Domingo Pérez? ¿Servirán para probar la tesis de una estructura criminal?

“Definitivamente una conversación en el ámbito privado. Pero una de ellas entregó el chat de manera válida, acogiéndose a una figura como la del testigo”, acota Chang en entrevista con Punto Final.

Otro factor clave han sido los testigos y colaboradores que se han presentado hasta hoy a la Fiscalía y que aseguran haber sido amenazados con mentir en sus testimonios. Una de ellas es Liz Documet Manrique, a quien el magistrado cita, y quien ha declarado no haber aportado dinero para la campaña de Keiko el 2011. Aunque aparece como tal, se sospecha que a través de ella se lavó una fracción del millón de dólares de Odebrecht.

Otra falsa aportante, Liulith Sánchez Bardales, declaró que también le fue impuesto un abogado el día de su detención en Tarapoto.

El martes, un día antes de ser enviada a prisión, el fiscal José Domingo Pérez anunciaba que otros dos investigados, Erick Giovanni Matto Monge y Daniel Mellado Correa, habían sorpresiva y respectivamente cambiado de abogado y de versión. El último de ellos es un humilde trabajador que, según lo ha dicho, depositó casi medio millón de dólares en las arcas de fuerza 2011.

Para Loza, su clienta Keiko Fujimori es víctima de una sentencia anticipada que marca un precedente para los otros diez investigados.

“Muchas personas han indicado que él ya adelantó opinión. Creo que eso no es tan correcto. En el caso de la señora Fujimori, su riesgo de influir es distinto de otras personas que aún no han expuesto su defensa”, analiza Chang.

Otro aspecto que validó la prisión preventiva fue que la pena por los delitos por los que se le investiga sería de entre 10 y 13 años de cárcel.

Concepción Carhuancho sospecha que Keiko Fujimori lideraría la organización que lavó un millón de dólares el 2010 y 2011, que por su condición podría afectar la investigación de la Fiscalía si está en libertad y que la pena prevista supera los 4 años que se tiene como criterio básico.

Varias preguntas se desprenden de la decisión del juez. La primera, ¿los tiempos de la prisión preventiva son excesivos en nuestro país?

“Yo creo que el plazo es bastante amplio y hay un factor aquí: la Fiscalía tiene más casos, si fuese el único caso, podría terminarlo en tiempo menor. Ahora, el juez ha dado el máximo plazo y podría dar hasta 12 meses más”, anota Chang.

Y la segunda pregunta es, ¿qué pasará con la prisión de Keiko Fujimori si la justicia decide separar al juez Concepción del caso, como lo han pedido las defensas de la lideresa política y otros investigados?

“Lo que él ya resolvió sobre Keiko y otros sería ya algo resuelto. No se va a revocar, no existe la llamada aplicación retroactiva”, explica Romy Chang a Punto Final.

Sin embargo, falta primero que la Sala Penal de Apelaciones de la jueza Inés Villa Bonilla decida sobre el pedido de la Fiscalía de recusar al tribunal que concedió la libertad de Fujimori y otros 23 investigados a mediados de octubre.

“La Fiscalía Superior recusó a esta sala, la audiencia fue el martes, estamos a la espera del pronunciamiento y en base a ello veremos cuál es la sala que verá”, detalla Loza, abogada de Fujimori. La defensa ya apelo a lo decidido por el juez Carhuancho y el lunes 5 de noviembre presentarán su argumentación.

Se especula, finalmente, que la suerte de Keiko sería igual a la de Ollanta Humala y Nadine Heredia, encarcelados en junio del 2017 por Concepción Carhuancho y liberados nueve meses después por decisión del Tribunal Constitucional. ¿Qué tan cierto es?

“Es importante notar que en el caso de Humala, el Tribunal Constitucional no resolvió de manera unánime. Fue 4-3 con votos singulares. No es tampoco que esto marque una pauta unánime”, señaló Chang.