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31 mar (Reuters) – Los costarricenses elegirán el domingo al sucesor del presidente Carlos Alvarado para gobernar el país entre 2022 y 2026.

El ganador del duelo entre Rodrigo Chaves, exfuncionario del Banco Mundial y calificado como populista, y el exmandatario conservador José María Figueres, recibirá una de las democracias más estables y longevas de América, pero con problemas económicos y sociales agravados por la pandemia del COVID-19.

A continuación, los principales obstáculos que tendrá que sortear el nuevo mandatario:

POBREZA, DESIGUALDAD

La pobreza por ingresos en Costa Rica se redujo del 26% al 23% entre 2020 y 2021, pero sigue estando por encima del 21% de 2019, según cifras oficiales.

La cifra, la segunda más alta desde 2010, demuestra que los gobiernos en los últimos 28 años han fallado en combatir este flagelo, a pesar de que el Producto Interno Bruto (PIB) del país se ha más que quintuplicado desde 1994.

Hoy, no solo 1,3 millones de los 5,1 millones de habitantes vive por debajo de la línea de la pobreza, sino que la desigualdad entre ellos y los más acaudalados del país se ha ampliado desde 2005.

De acuerdo al coeficiente de Gini, Costa Rica es uno de los países más desiguales del mundo, lo que está generando más descontento y desconfianza en las instituciones tradicionales.

«Costa Rica está experimentado un fuerte desgaste de las capacidades políticas e institucionales de su sistema político y su Estado para implementar políticas públicas que atiendan problemas estructurales como la alta desigualdad y el empobrecimiento», dice el más reciente informe del país presentado por las universidades públicas locales.

SITUACIÓN FISCAL

Carlos Alvarado, un periodista y escritor de ficción devenido en presidente de Costa Rica, dejará el poder el 8 de mayo tras cuatro años marcados por la incapacidad para implementar totalmente una reforma tributaria para equilibrar las debilitadas arcas estatales.

Sin mayoría en el congreso, el partido de Alvarado, el PAC, logró aprobar en 2018 una reforma fiscal que tuvo como principal iniciativa la conversión del impuesto de ventas del 13% a un Impuesto al Valor Agregado (IVA) con la misma tasa, pero que aumentó la cantidad de productos y servicios gravados.

También se impusieron límites al gasto gubernamental condicionados al crecimiento de la economía, a pesar de protestas de grupos sociales.

Pero tras sufrir en 2020 la mayor recesión económica en 40 años, provocada por la pandemia, el gobierno de Alvarado acordó en enero de 2021 un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), considerado un salvavidas para la situación fiscal.

A cambio, el Gobierno impulsó un nuevo paquete de proyectos fiscales, del cual los diputados sólo han aprobado una controvertida ley que modifica los actuales beneficios salariales diferenciados por institución y crea sueldos globales por categoría que abarcan a todo el Estado.

El año pasado, el país pudo reducir su déficit fiscal, aunque aún está en 5,18% del PIB y la deuda pública es la más abultada de Centroamérica -equivale al 70,3% del PIB-, por lo que siguen pendientes proyectos como el que ajusta el impuesto sobre la renta.

Además, queda la aplicación de medidas de austeridad en medio de un lento crecimiento del crédito, menores importaciones de bienes de consumo final y una débil recaudación tributaria, que ha redundado en una desaceleración de la demanda interna.

CORRUPCIÓN

A fines de 2016, la constructora brasileña Odebrecht aceptó haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de América Latina para obtener jugosos contratos de obras públicas. Mientras la región lidiaba con uno de los mayores escándalos de corrupción en su historia, Costa Rica veía de lejos.

Cinco años más tarde, sin embargo, una megainvestigación de corrupción en el país implicó desde un asesor presidencial hasta ejecutivos de firmas constructoras en una trama de sobornos por obras públicas que causó, según las autoridades, una malversación de unos 125 millones de dólares entre 2018 y 2020.

Entre los sobornos «constantes» se cuentan dinero, viajes, vehículos, terrenos y hasta «favores sexuales», dijo el año pasado Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), encargado del caso «Cochinilla».

Por la trama han sido arrestados altos mandos de firmas constructoras, más de una decena de funcionarios y el exasesor del presidente Alvarado, Camilo Saldarriaga, se vio obligado a renunciar, aunque ha defendido su inocencia.

Otro caso, conocido como «Diamante», llevó a la suspensión de cuatro alcaldes del histórico Partido Liberación Nacional (PLN) -de Figueres-, incluido el de la capital San José, por supuestos sobornos para ganar contratos públicos.

Además, hay investigaciones judiciales sobre una presunta influencia del narcotráfico en municipios gobernados por el PLN y presuntas relaciones de diputados de otros partidos con personas investigadas por tráfico de drogas.