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Las investigaciones en torno al caso Marka Group, la empresa de Sada Goray que habría sido beneficiada por el Estado, continúan su curso. Ahora están bajo la lupa de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que el último miércoles obtuvo una declaración clave de William de la Vega, exdirector de Gestión del Patrimonio Estatal de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).

Los principales investigados —Goray, el exasesor del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, y el periodista Mauricio Fernandini— no se presentaron la sesión ordinaria, ya que alegaron no haber sido notificados debidamente. Pidieron, por ello, reprogramar las fechas. Sin embargo, De la Vega asistió y su testimonio resultó revelador sobre la forma en que era presionado para favorecer a Marka Group.

Durante la citación, el exfuncionario manifestó que la SBN es el «ente rector de la propiedad del Estado». Bajo su dirección, entre septiembre y diciembre de 2021, tenía «la importante labor de definir si te pertenece o no la propiedad del Estado». Fue nombrado durante la gestión de Geiner Alvarado en el Ministerio de Vivienda, en el gobierno de Pedro Castillo.

LAS PRESIONES DE LA SUPERINTENDENTA

En compañía de su abogado, el exprocurador Christian Salas, De la Vega afirmó que durante su gestión recibió «una presión directa de la superintendenta (de la SBN), que culminó con la presión directa del señor Salatiel Marrufo, que era el asesor, para que firme a favor de la empresa Marka Group y entregue la propiedad del Estado».

La «propiedad» es un terreno en Chilca, en la provincia de Cañete. Sada Goray habría buscado que sus «áreas y linderos» se rectifiquen a su favor por hallarse presuntamente sobre uno de los predios de su empresa. En cuanto a la superintendente, De la Vega se refiere a Cynthia Rudas Murga, nombrada en septiembre de 2021, y hoy investigada por el equipo especial contra la corrupción en el poder.

«Me decía que mi fallo, la resolución que emitiese, tenía que ser beneficiaria a la empresa Marka Group (…) Por negarme a firmar en contra de los intereses del Estado, fui cesado», declaró William de la Vega.

El exfuncionario de la SBN señaló que no cedió a las presiones, pues había una resolución que determinaba la existencia de «circunstancias por dilucidar en vía judicial y no en sede administrativa». Por tanto, no le correspondía rectificar las «áreas del predio del Estado». «La única forma en la que podía acceder Marka Group era un nuevo proceso judicial, con sentencia», dijo.

«La entidad administrativa no puede arrogarse ese poder, que le pertenece al Poder Judicial. Ese era el meollo del asunto. Se superponía con propiedad de la SBN, que le pertenece a los peruanos. Yo no puedo disponer de la propiedad del Estado y menos entregarla a una empresa, porque recibo presión. No puedo y no lo hice», agregó.

SALATIEL MARRUFO INTERVIENE

Las presiones de la superintendenta, según De la Vega, se repitieron en los meses siguientes. Afirmó que ella le dijo que «tenía que buscar la forma de favorecer a Sada Goray, ya que esa señora había apoyado a Pedro Castillo, y que Salatiel Marrufo y el ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, le estaban presionando para favorecer a Sada Goray».

El exfuncionario de la SBN indicó no llegó nunca a reunirse con Salatiel Marrufo. No de manera presencial, al menos. Porque el 7 de diciembre de 2021 mantuvo una conversación telefónica con él. Entonces recibió «presión directa sobre este caso». «Le respondí a este señor que era imposible que yo firme esa resolución a favor de esta empresa, porque no se ajustaba a ley. Tenían dos sentencias y ninguna autoridad administrativa se puede oponer a una sentencia judicial», sostuvo.

Más adelante, contó De la Vega al Congreso, Marrufo le pidió que «ese director general se va», y en su reemplazo ingresó Ángel Pérez Santa Cruz, quien también fue destituido «a las tres semanas». «Luego vino otra directora que duró 24 horas. Y luego otra, y luego otra. Se ultrajó la institución de la SBN, cambiando en dos meses y medio a cinco directores», dijo.

Tras varios movimientos en el puesto, Marina Subiría Franco falló en beneficio de Sada Goray, en abril de 2022. «Ella firma. Desconoce el trabajo técnico que mandé a hacer para defender la propiedad estatal. Anula mis resoluciones y emite una nueva resolución favorecimiento a la empresa Marka Group«, aseveró De la Vega. Actualmente, ella es investigada por organización criminal y cohecho.

GARANTÍAS PARA SU VIDA

Ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por el parlamentaria Héctor Ventura (Fuerza Popular), el exdirector de Gestión del Patrimonio Estatal de la SBN denunció que viene recibiendo «amenazas» contra su vida en dos oportunidades. «Señalo en esta sala y que quede autos: William Iván de la Vega solicita garantías para su persona».

Ambas amenazas, manifestó, se llevaron a cabo de manera presencial por la misma persona. Una de ellas pasó en Huaycán, donde alguien se le acercó para decirle «profesor, no hable mucho». «La siguiente (vez), fue la misma persona, se me acercó en Chorrillos, donde vive mi padre. Fue la misma persona, pero no pude detenerlo (…) Desconozco (su identidad), pero sí tengo su rostro definido», afirmó.

Por otro lado, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción le solicitó a la Fiscalía la adecuación de las conductas de la empresaria Sada Goray Chong, quien está siendo investigada por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal.

A Goray Chong se le señala de haber realizado gestiones en el Estado en beneficio de la empresa Marka Group y que, para ello, habría sobornado al exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo. Parte del dinero que ella entregó habría sido solicitado por el mismo expresidente Pedro Castillo, según dijo Marrufo.