Ampliación de prisión preventiva contra Andrés Hurtado fue confirmada por la Corte Suprema

El expresentador de televisión Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, continuará recluido en el penal de Lurigancho luego de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmara la ampliación por 18 meses de la prisión preventiva que pesa en su contra en el marco del caso denominado ‘Barras de Oro’.

La Sala Penal Permanente declaró infundado el recurso de apelación presentado por Hurtado Grados, quien buscaba revertir la resolución emitida el pasado 12 de marzo por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley.

Dicha resolución había acogido el pedido formulado por la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos para prolongar por 18 meses el mandato de prisión preventiva impuesto al investigado dentro de este proceso penal.

Según la resolución de la Corte Suprema la ampliación de la medida constituye una herramienta de coerción personal idónea, necesaria y proporcional para asegurar los fines del proceso judicial. Asimismo, el tribunal consideró que la medida permite garantizar la presencia del procesado y evitar riesgos que puedan afectar el normal desarrollo de la actividad procesal.

El caso ‘Barras de Oro’ investiga la presunta participación de Andrés Hurtado en el pago de una supuesta coima entregada por el empresario Javier Miu Lei. De acuerdo con la hipótesis fiscal, el objetivo habría sido que la entonces fiscal superior titular Elizabeth Peralta interviniera para favorecer la recuperación de barras de oro que el Ministerio Público incautó a una empresa vinculada al empresario en el año 2020.

PIDEN 30 AÑOS DE PRISIÓN

El fiscal adjunto supremo Edward Casaverde solicitó una condena de 30 años de prisión para Andrés Hurtado. La acusación lo señala como presunto responsable de los delitos de tráfico de influencias, cohecho activo específico y cohecho pasivo específico en agravio del Estado.

Con la decisión adoptada por la Sala Penal Permanente, se mantiene vigente la prolongación de la prisión preventiva mientras continúan las etapas correspondientes del proceso judicial. El caso sigue bajo evaluación de las autoridades competentes, que deberán determinar las responsabilidades penales de los investigados conforme avance el procedimiento.

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