Guerra en La Pampa: alias ‘Chili’ captaba mineros formales para que trabajen en el oro ilegal

Punto Final accedió a imágenes y documentación de la investigación sobre la organización criminal que la Policía atribuye a Edinson Fernández Pérez, alias ‘Chili’, en La Pampa, Madre de Dios. El operativo del 6 de octubre, en el kilómetro 115 de la carretera Interoceánica, terminó en un enfrentamiento armado que dejó al suboficial PNP Joel Ríos Coquinche fallecido, otro policía herido y tres presuntos integrantes de la organización abatidos.

El fortín armado de La Pampa

Según la investigación policial, la estructura intervenida habría servido como punto de reunión y entrenamiento para hombres vinculados a la organización. Los agentes encontraron indicios de una preparación para el enfrentamiento, entre ellos armamento de largo alcance y explosivos. La Policía sostiene que exmilitares habrían sido contratados para entrenar a jóvenes en el manejo de armas, con pagos que podían llegar a S/7.000 por una semana.

El arsenal incautado incluyó tres fusiles AKM y doce AR-15, además de municiones y granadas. La investigación también identificó armas con series erradicadas y otras con licencias vigentes. Una de las carabinas estaba registrada a nombre de Joel Córdova Ríos, uno de los hombres abatidos durante el enfrentamiento y exintegrante del Ejército que, según información recogida por La República, había trabajado en seguridad en una mina de Pataz. La procedencia y el uso de las armas forman parte de las diligencias para determinar las responsabilidades individuales.

La investigación también puso bajo revisión la situación de Angler Trujillo Barreno, quien acudió a una comisaría para denunciar el supuesto robo de su pistola, hallada después por la Policía en el campamento. Según el informe policial, el examen médico legal registró lesiones traumáticas recientes y entre sus pertenencias se encontró una boleta por la compra de 5.000 municiones calibre .223, el mismo utilizado por las carabinas AR-15. Estos elementos deberán ser contrastados por las autoridades.

Presuntos vínculos con policías y militares

La investigación policial comprende también a personas que habrían proporcionado información o apoyo a organizaciones vinculadas con la minería ilegal. Entre los nombres mencionados en el reportaje figuran Erick Villavicencio Evangelista y Estuardo Izquierdo Berlanga, ambos expolicías dados de baja por medida disciplinaria; Marco La Rosa Chiroque, suboficial PNP en actividad, y José Escalante Guzmán, suboficial del Ejército en actividad. Según la hipótesis policial, algunos habrían alertado sobre operativos o facilitado información a redes criminales. La responsabilidad de cada uno debe establecerse mediante las investigaciones correspondientes.

En paralelo, la Policía capturó a Aldo Blas Sánchez Huamán, alias ‘Leo’, a quien señala como presunto segundo al mando de Los Sanguinarios de La Pampa. Durante su interrogatorio, el detenido negó haber participado en enfrentamientos con el grupo de ‘Chili’ y sostuvo que se dedicaba a vender agua y a realizar trabajos ocasionales en minería. También negó tener negocios con Eneyser Fernández, conocido como alias ‘Brayan’, señalado en el reportaje como rival de ‘Chili’.

De La Pampa a Pataz: la captación de trabajadores mineros

La investigación expone otra posible modalidad de colaboración con la minería ilegal: la captación de trabajadores que cuentan con experiencia en operaciones mineras formales. En Pataz, La Libertad, agentes de la DIVIAC y la DIGIMMIN capturaron a Wilmer Amado Lozano Mendoza, trabajador de Las Bambas, quien es investigado por su presunta participación en actividades vinculadas con la organización criminal que la Policía atribuye a Juan José Santisteban, alias ‘Jota’.

Según la investigación, Lozano Mendoza trabajaba como operador de maquinaria en un régimen de 14 días de labores por siete de descanso. Durante sus días libres, presuntamente habría viajado a Pataz para identificar terrenos de extracción y contribuir a las operaciones ilegales. Esta hipótesis deberá ser corroborada por los investigadores y sometida a las garantías del debido proceso.

Los casos de La Pampa y Pataz muestran distintas líneas de investigación sobre las redes que rodean a la minería ilegal: grupos armados, circulación de armas y municiones, presunta colaboración de integrantes de las fuerzas del orden y captación de personal con conocimientos técnicos. El desafío para las autoridades es esclarecer las responsabilidades, identificar a quienes financian estas actividades y determinar cómo se conectan las distintas estructuras criminales.

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