El gobierno de Dina Boluarte comenzó tomar medidas para combatir el reingreso de los ciudadanos extranjeros que hayan cumplido una sentencia en nuestro país, ampliándose a varios delitos graves. El último lunes, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, informó que se tuvo que modificar el Código Penal para que dos decretos legislativos sean aprobados.
«Uno de ellos permite la expulsión de ciudadanos extranjeros cuando cometan delitos como homicidio, violación sexual, sicariato, secuestro y trata de personas en nuestro país. Todos ellos en sus diversas modalidades«, aseveró el presidente del PCM. Esto conlleva a que se aplicará la máxima sanción para quienes sean partícipes del reingreso de estas personas. En ese sentido, a fin de facilitar el trabajo de la Policía y los fiscales, se incrementó el plazo respecto al control de la identidad policial y plena identificación del ciudadano extranjero en calidad de ilegal en el país.
Punto Final puso al descubierto que la frontera de Perú y Ecuador es una «coladera» por el ingreso indiscriminado de ciudadanos extranjeros indocumentados. A lo largo del Canal Internacional, ubicado en el límite de Aguas Verdes, en Tumbes, con Huaquillas, en El Oro, los criminales han instalado decenas de puentes clandestinos para los que ingresen o salgan del país pagando un cupo de un dólar. Cada cierto tiempo, la Policía realiza un recorrido para destruir los pasos ilegales.
Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, señaló que a partir de este martes, a través de una fórmula legal que se publicará en el Boletín del Diario Oficial El Peruano, los ciudadanos extranjeros que hayan cumplido una sentencia en nuestro país y que reingresen serán intervenidos en flagrancia y estarán sujetos de prisión efectiva.
«Aquellos extranjeros que, producto de una sentencia sean expulsados, o que en procedimiento administrativo por Migraciones también sean expulsados y pretendan regresar al país, van a cometer un delito y al ser objeto de delito van a ser sujetos de prisión«, declaró. Si bien es cierto las autoridades no han explicado los métodos que se aplicarán para cumplir con ambos decretos, Eduardo Arana señaló que este trabajo busca retirar a aquellos ciudadanos que se encuentren inmersos en varios delitos.
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