Ante la difusión de un comprometedor audio entre el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola y Yaziré Pinedo, una joven que fue contratada por el Ministerio de Defensa en 2023 de manera irregular, Latina Noticias conversó con el abogado penalista James Rodríguez, quien señaló los delitos que podría enfrentar el jefe del Gabinete Ministerial ante una eventual investigación.
«(Alberto Otárola) podría terminar preso en un penal debido a la gravedad de los delitos. Estamos hablando de delitos contra el estado de corrupción de funcionarios. Definitivamente, también existe un delito de tráfico de influencias, concusión, patrocinio ilegal y otros que superan los cuatro años«, señaló el especialista.
«Sin embargo, es importante manifestar que para que sea procesado el pleno del Congreso tiene que levantarle la inmunidad para que pueda ser procesado y juzgado en las en los organismos competentes de nuestro país», precisó.
De acuerdo a Rodríguez, si Otárola, en calidad de jefe del Gabinete Ministerial, «prometió» y ejecutó un beneficio para Pinedo, estaría cometiendo el delito de tráfico de influencias, el cual está tipificado en el artículo 400° del Código Penal.
«Estamos hablando de un premier que definitivamente tiene injerencia, influencia y mando sobre otras entidades del Estado y que esta persona, aprovechándose indebidamente de su cargo, ha prometido y es más, está comprobado de que esta persona (Pinedo) se ha beneficiado con dinero del Estado«, detalló el letrado.
Por su parte, «el delito de concusión está estipulado en el artículo 382 del Código Penal que dice claramente que el funcionario o servidor público que abusando de su cargo obliga induce a una persona a dar, prometer indebidamente para esta persona un beneficio patrimonial será reprimido con la pena de privativa libertad no menor de 2 ni mayor de 8 años», agregó Rodríguez.
A estos dos delitos que se le imputarían a Otárola se suma el patrocinio ilegal, el cual es cuando un funcionario público promueve o asesora intereses de particulares ante la administración pública. Esto debido a que el premier habría estado buscando personas que respondan a sus intereses y no a favor del Estado.
El abogado penalista especificó que lo primero que debe realizar el Ministerio Público es aperturar una investigación en contra de Alberto Otárola, y a su vez el Congreso de la República debería retirar el privilegio, gracia o exención que se le confiere en su calidad de jefe del Gabinete Ministerial.
«El Fiscal de la Nación tiene que aperturar una investigación de forma inmediata si es que todavía no lo aperturado y si lo ha aperturado debe concluir con la investigación dado la necesidad, el interés público de saber la verdad», manifestó.
«También solicitar a través de una denuncia constitucional al Congreso de la República que se le levanten el fuero, que gozan de prerrogativas los ministros de Estado y que le den las facultades el Congreso, esperemos que lo den y no lo encubran para que sea juzgado en el Ministerio Público y el Poder Judicial».
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