Latinanoticias.pe

Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa de Sarratea e íntimo amigo del expresidente Pedro Castillo, fue detenido por la Policía norteamericana cuando pretendía entrar de forma ilegal a Estados Unidos, por el estado de Texas, frontera con México, tras casi un año en la clandestinidad.

Sánchez está recluido en un centro de detención para migrantes ilegales. Según el cónsul peruano en Houston, Jaime Arróspide, su captura se dio por su intento de ingresar ilegalmente al país, con lo cual las autoridades norteamericanas se comunicaron con sus pares peruanos para corroborar si su orden de detención estaba activa.

Durante un año, Sánchez logró evadir la justicia peruana desde que se solicitó su detención en octubre de 2022. Incluso, de acuerdo a Arróspide, el proceso de deportación puede demorar tres semanas o un mes, pues no es un tema de extradición, sino de expulsión.

Sánchez, desde la clandestinidad, ya había adelantado que no se entregaría, pese a la orden de prisión preventiva por 30 meses que dictó el Poder Judicial. Entonces, se solicitó a Interpol que se publique la orden de captura en su contra en su sistema de búsqueda automática: la Alerta Roja.

LA NEGATIVA DE INTERPOL

Sin embargo, el requerimiento fue ignorado por la Interpol. En febrero de 2023, desde su central en Francia, comunicaron que no publicarían la notificación en su base de datos, debido a que lo solicitado se encuentra en el ámbito de aplicación del artículo 3 del estatuto, por lo que la información fue borrada.

¿A qué se refería Interpol? La decisión se debe a que el caso de Sánchez es predominantemente político, teniendo en cuenta que los hechos investigados se relacionan con el contexto político general vinculado al fallido golpe de Pedro Castillo y su posterior caída. 

Interpol desistió tras un segundo pedido del Poder Judicial, con esta nueva negativa, llegando a conocimiento del sistema de justicia local el 24 de agosto, seis meses después. En medio, se desestimó una apelación de Sánchez y ratificaron el mandato de prisión preventiva en su contra.

La autonomía de Interpol y su decisión de no meterse en investigaciones asociadas a la política peruana acabó beneficiando a Alejandro Sánchez que, a diferencia de sus coinvestigados, eludió la acción de la justicia, agravando su situación. 

Cabe recordar que Sánchez tenía una visa vigente para entrar Estados Unidos, pero no la usó, pues salió de forma irregular del Perú. Ahora, afronta el escenario de la expulsión de EE. UU. y la Cancillería pide su expulsión a nuestro país y no a México, donde podría ser asilado por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.