Latinanoticias.pe

A unas semanas de haber ocupado la presidencia del Congreso de la República, el legislador Alejandro Soto Reyes, de la bancada APP, viene recibiendo serios cuestionamientos. Entre ellos, una denuncia por presunta estafa agravada contra una empresa en Cusco, la contratación de su cuñada en el Parlamento y un proyecto de ley aprobado para usarlo en beneficio propio.

Hasta días antes de jurar como cabeza del Legislativo, Soto estuvo procesado por una demanda que la empresa Waynapicchu, del distrito cusqueño de San Jerónimo, hizo en su contra por el delito de presunta estafa. Aunque él afirmó que el caso había prescrito en 2019, lo cierto es que el juicio siguió en 2020 y su abogado, en julio de este año, pidió ante el juzgado utilizar para beneficio de su cliente la ley 31751.

Dicha norma, como se recuerda, reduce a un año el plazo de suspensión de prescripción de la acción penal. Una iniciativa impulsada por el congresista Flavio Cruz, de Perú Libre, que beneficiaría a Soto durante su juicio contra la firma cusqueña, cuya defensa solicitó la aplicación de retroactividad al Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Cusco.

UNA LEY CONTROVERSIAL

Flavio Cruz afirmó que jamás coordinó con Alejandro Soto para sacar adelante la polémica ley 31751. «Nunca me imaginé que podría tener estos efectos, impactos políticos, menos aún tratándose de que eso llegaría a un caso concreto del presidente del Congreso de la República. O sea, inimaginable en el momento que uno propone una iniciativa legislativa», señaló.

El proyecto de ley pasó raudamente por la Comisión de Justicia del Congreso, y a pesar de recibir las opiniones del Ministerio Público y el Poder Judicial, que declararon no viable la iniciativa, fue aprobada por mayoría en el Pleno con 87 votos a favor, entre ellos, el del hoy presidente del Parlamento. En su momento, la congresista Ruth Luque pidió la reconsideración de la norma, pero no tuvo éxito.

«Estábamos abriéndole una puerta a la impunidad, porque lo que se iba a generar es que muchísimas personas que tenían procesos de investigación pudieran recurrir a una excepción de prescripción para favorecerse con esta ley», afirmó la legisladora.

CONTRATACIONES DUDOSAS

Luego de que se descubriera que Alejandro Soto habría incurrido en el presunto delito de nepotismo por contratar para su despacho a Lizbeth Peralta, la hermana de la madre de su hijo, este declaró a Punto Final que no volvería a recibir «un trabajador de más» en el Parlamento. «Ni de confianza ni de planta, se va a respetar, a nadie, yo no voy a contratar a nadie», afirmó.

El 7 de agosto, sin embargo, contrató a los nuevos jefes del área de administración de edificios y de recursos humanos. Además, pese a que negó cualquier relación con la madre de su hijo, imágenes del 26 de julio confirmaron que ella estuvo presente durante su juramentación como presidente del Congreso, con lo cual se confirmaría que el vínculo entre ambos sigue vigente.

De momento, la congresista Flor Pablo (no agrupada) presentó un oficio en el que solicita la apertura de una investigación contra Soto ni bien se instale la Comisión de Ética, que por ahora no tiene quien la lidere. En dicho documento, la legisladora instó que «en caso de demostrarse falta ética, se le imponga la sanción correspondiente por infracción del Código de Ética Parlamentaria».