Mañana movida en la política peruana. La Fiscalía de la Nación decidió archivar las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de genocidio, relacionado con las muertes durante las recientes protestas.
La decisión fue notificada por el primer ministro, Gustavo Adrianzén. Esta acción determina que señala que no hay razones suficiente para formular una denuncia constitucional en este caso.
El Ministerio Público no solo determinó que la investigación, en la modalidad de genocidio, no procede, sino también emitió un documento en el que se confirma el archivo definitivo de los antecedentes relacionados con este cargo.
Esta resolución también afecta a varios exfuncionarios del gobierno, como el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, así como a los exministros de Defensa, Alberto Otárola y Jorge Chávez Cresta, y los exministros del Interior, César Cervantes y Víctor Rojas.
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