Auditoría revela que PetroPerú compró US$1,727 millones en petróleo a Gunvor, empresa cuestionada por corrupción

Exclusivo de Punto Final. La Fiscalía inició una investigación por presunta corrupción de funcionarios luego de recibir un informe reservado elaborado por el estudio de abogados estadounidense Paul Hastings, contratado por PetroPerú para revisar sus relaciones comerciales con la empresa Gunvor.

La Unidad de Investigación de Latina Noticias accedió en exclusiva al documento de 84 páginas, que lleva el sello de “privilegiado y confidencial”. El reporte detalla reuniones, correos electrónicos y operaciones comerciales entre funcionarios de la petrolera estatal y Raymond “Ray” Kohut, exrepresentante de Gunvor, quien admitió ante autoridades de Estados Unidos el pago de sobornos a funcionarios de distintos países de Latinoamérica.

EL CASO GUNVOR QUE EMPEZÓ EN ECUADOR

El periodista ecuatoriano Juan Carlos Calderón, uno de los profesionales que investigó y reveló el caso Gunvor en Ecuador junto al fallecido periodista y excandidato presidencial Fernando Villavicencio, explicó que se habrían pagado más de US$70 millones en sobornos a funcionarios de Petroecuador.

Según Calderón, Gunvor habría obtenido petróleo ecuatoriano a precios inferiores a los del mercado y posteriormente lo revendía con márgenes de ganancia. Villavicencio llegó a calificar este esquema como “el atraco del siglo”, en referencia al monto involucrado y al mecanismo utilizado.

Pero la confesión de Kohut en Estados Unidos y el caso ecuatoriano terminaron poniendo la atención sobre otros países de la región, entre ellos Perú.

¿POR QUÉ EL CASO LLEGÓ A PETROPERÚ?

En 2022, un año después de la confesión de Raymond Kohut, PetroPerú contrató al estudio estadounidense Paul Hastings para realizar una auditoría sobre sus relaciones comerciales con Gunvor.

Los resultados de esa investigación fueron entregados al Ministerio Público recién en junio de este año. El documento, ahora en manos de la Fiscalía, detalla comunicaciones entre funcionarios de la petrolera estatal y representantes de Gunvor, además de los registros de ingreso de Kohut a las instalaciones de PetroPerú.

Según el informe, Kohut ingresó 36 veces entre 2015 y 2020. Yusko Toscano, funcionario del área de compras de hidrocarburos, fue quien más veces lo recibió, con 19 visitas registradas.

Uno de los episodios ocurrió en octubre de 2016. Días antes de una licitación para comprar crudo, Rony Vilcapoma, entonces gerente de Compras de Hidrocarburos de PetroPerú, intercambió correos con Kohut sobre las condiciones que tendría el proceso.

Al día siguiente, Kohut acudió a PetroPerú y permaneció varias horas en una reunión con Toscano. Posteriormente, el 18 de octubre, se lanzó la licitación y Gunvor obtuvo un contrato por más de US$16 millones para la compra de petróleo ecuatoriano.

El informe identificó además seis visitas de Kohut que coincidieron con procesos de licitación que posteriormente fueron adjudicados a Gunvor.

MILLONARIAS COMPRAS BAJO INVESTIGACIÓN

La auditoría también detectó cinco operaciones de compra de petróleo ecuatoriano en las que PetroPerú adquirió el producto a Gunvor pese a que, según el documento, existían otras ofertas con precios menores.

Entre 2015 y 2020, PetroPerú realizó 130 adquisiciones a Gunvor por aproximadamente US$1.727 millones, correspondientes a petróleo, biodiésel y otros derivados.

El documento también recoge comunicaciones entre funcionarios de PetroPerú y representantes de Vitol, otra comercializadora internacional de hidrocarburos que, al igual que Gunvor, reconoció ante autoridades estadounidenses el pago de sobornos a funcionarios en Latinoamérica.

PETROPERÚ RESPONDE ANTE LOS HALLAZGOS

Consultada por Punto Final, PetroPerú confirmó que no se han abierto procesos disciplinarios contra los funcionarios mencionados y sostuvo que el informe de Paul Hastings no es concluyente.

La empresa, además, evitó pronunciarse sobre las diligencias que viene realizando el Ministerio Público a partir de los hallazgos del documento.

Ahora corresponde a la Fiscalía determinar si las comunicaciones, reuniones y operaciones comerciales señaladas en el informe constituyen indicios de posibles actos de corrupción y establecer las responsabilidades que correspondan.

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