Cámara de diputados debatirá mociones de interpelación contra ministros de Defensa y del Interior
09.09.2026 / 12:36 Lidia Castro
Este jueves 10 de septiembre, el Congreso de la República debatirá dos mociones de interpelación contra los ministros de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, y del Interior, César Astudillo. Las mociones fueron anunciadas en la agenda de la sesión del pleno de Cámara de Diputados.
La moción presentada el 14 de agosto propone la interpelación al ministro Belaúnde Llosa, a fin de que concurra al Pleno de la Cámara de Diputados para que informe sobre la problemática respecto de sus vínculos con Minera Poderosa.
Así como las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo orientadas a fortalecer y ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en el control de zonas declaradas en estado de emergencia y el resultado de las acciones adoptadas en la provincia de Pataz para combatir la criminalidad. El pliego interpelatorio contempla 43 preguntas.
Mientras que la moción 256, presentada el 3 de septiembre, propone la interpelación al ministro Astudillo Salcedo para que dé cuenta sobre los cuestionamientos a su desempeño en dicho cargo y falta de liderazgo contra la inseguridad ciudadana. El pliego interpelatorio para el titular del Interior consta de 27 preguntas. En el documento se precisa que en sesión del 8 de setiembre la Junta de Portavoces lo incluyó en la agenda.
INVITACIÓN AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS
En la agenda de la sesión del pleno de Cámara de Diputados del jueves 10 de septiembre, también se propone que se invite al presidente del Consejo de Ministros, al ministro del Interior y al ministro de Defensa para que concurran, con carácter urgente, ante el Pleno de la Cámara de Diputados para que informen y rindan cuentas sobre la seguridad ciudadana y la expansión de la criminalidad organizada en el país.
La Cámara de Diputados también espera la sustentación técnica sobre los resultados reales de las medidas ejecutadas, las causas de su insuficiencia, las deficiencias de coordinación
y las responsabilidades políticas y operativas dentro del Poder Ejecutivo. Así como una estrategia nacional para combatir la extorsión, el sicariato, los homicidios y demás delitos de alto impacto.