CASO COCTELES KEIKO FUJIMORI
El 1 de julio, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional inició, desde las 9:00 a. m. el juicio oral contra la excandidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros 45 acusados por el caso Cócteles, el cual implica presuntos aportes ilícitos a sus campañas del 2011 y 2016.
Pero, ¿en qué consiste exactamente? AQUÍ la historia del proceso judicial más mediático que ha tenido la política peruana en la última década y los fundamentos del Ministerio Público para acusar a la hija de Alberto Fujimori.
El caso se remonta a las campañas electorales de 2011 y 2016, años en los cuales Keiko Fujimori llegó a la segunda vuelta, aunque fue derrotada por Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.
En ambas contiendas, el partido de Fujimori, Fuerza Popular, llevó a cabo los llamados ‘cocteles’, eventos de recaudación de fondos que consistían en lujosas cenas, con la posibilidad de acceder mediante el pago de hasta 500 dólares por invitación.
El Equipo Especial Lava Jato, encargado de investigar la trama de corrupción vinculada a Odebrecht y otras empresas constructoras brasileñas, sostiene la hipótesis de que los «cocteles» organizados no eran más que una fachada destinada a recibir aportes irregulares de diversas empresas.
«La presidenta (de Fuerza Popular) Keiko Fujimori tenía conocimientos de los ingresos que captaba. Van a conocer la estructura criminal que hay detrás de esta organización partidaria«, señaló este martes 2 de julio, el fiscal a cargo del caso José Domingo Pérez a la presidenta
De hecho, tras resaltar que los fondos que obtuvo Fuerza Popular eran ilícitos, el magistrado aseguró que, a través de diversas modalidades como el ‘pitufeo’, el partido de la hija de Fujimori recurrió a falsos aportantes.
La Fiscalía sostiene que el ‘pitufeo’ o fraccionamiento de los aportes en montos más pequeños, aparentemente realizados por distintas personas, fue otra estrategia para disfrazar el presunto financiamiento ilícito. Esta táctica se habría empleado con la finalidad de evitar llamar la atención de los mecanismos de control en el sistema bancario.
Por estas razones, en octubre de 2018, Keiko Fujimori tuvo que afrontar 36 meses de prisión preventiva, de los cuales cumplió 13, por una decisión del Tribunal Constitucional que anuló la medida coercitiva.
Sin embargo, en enero de 2020, regresó a la cárcel después de que el juez Víctor Zúñiga argumentara la existencia de un riesgo de fuga. Posteriormente, el jueves 30 de abril la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado revocó la medida y Fujimori salió en libertad bajo fianza el 5 de mayo del mismo año.
En ese sentido, la Fiscalía solicita contra Fujimori una condena de 30 años y 10 meses de prisión efectiva por presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
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