Caso ‘Los Niños’: Fiscalía presenta denuncia constitucional contra Pedro Castillo y 24 congresistas

La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo, ante el Congreso de la República, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

De acuerdo con la tesis fiscal, Castillo Terrones habría liderado una presunta organización criminal, integrada por congresistas y ministros, con el fin de negociar votos congresales a cambio de direccionar licitaciones y contrataciones públicas.

Estos presuntos hechos irregulares están relacionados con contrataciones en los ministerios de Transportes y Comunicaciones; Vivienda, Construcción y Saneamiento; y Producción; así como en organismos públicos descentralizados; Superintendencia Nacional de Migraciones; Policía Nacional del Perú y la Empresa Nacional de Puertos.

 

La denuncia comprende a los congresistas de Acción Popular denominados ‘Los Niños’: Darwin Espinoza, Jorge Flores, Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Mori, Ilich López, Wilson Soto, Silvia Monteza, José Arriola, Pedro Martínez, Luis Aragón, Hilda Portero, Carlos Zeballos (por los delitos de organización criminal, y, tráfico de Influencias y/o alternativamente cohecho pasivo impropio), Karol Paredes (organización criminal y tráfico de influencias) y Carlos Alva (organización criminal).

La denuncia constitucional también incluye a los parlamentarios de Perú Libre – Bloque Magisterial: German Tacuri, Pasión Dávila, Francis Paredes, Oscar Zea, Katy Ugarte, Paul Gutiérrez, Segundo Quiroz, Nivardo Tello y Américo Gonza (por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias).

También incluye a Juan Francisco Silva, en su condición de ministro de Transportes y Comunicaciones, por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada; Jorge Luis Prado, entonces ministro de la Producción, por los delitos de organización criminal y negociación incompatible; Betssy Betzabet Chávez, en su calidad de ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, por el delito de negociación incompatible.

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