Este jueves 14 de marzo, el Pleno del Congreso de la República blindó a la parlamentaria María Cordero Jon Tay (no agrupada) al no aprobar el informe que acusa constitucionalmente a la parlamentaria de haber cometido presuntamente el delito de concusión al recortar salarios a personal de su despacho.
Recordemos que en el dominical Punto Final se denunció a la legisladora de apropiarse del 50% del sueldo de uno de sus trabajadores en el Congreso de la República, esto con la ayuda de Braden Paredes, también trabajador del Parlamento, quien fue señalado como intermediario de la congresista para la entrega de dinero.
De hecho, el informe presentó audios de Cordero Jon Tay, que muestran cómo la parlamentaria exigía al empleado que le entregue la mitad de sueldo, así como sus «argumentos». Repasa las polémicas frases de la congresista.
El extrabajador reconoció que tenía un acuerdo para entregar la mitad de sus ingresos durante seis meses, luego de lo cual ya no se aplicaría el recorte. Sin embargo, ello no ocurrió y, por el contrario, le exigieron que entregue el 75% de su remuneración.
La legisladora argumentaba que estaba endeudada: tenía que pagar gastos de campaña, ayudar a quienes la había ayudado a ser congresista. Menciona que en sus viajes con Keiko y Kenji Fujimori debía tener de 20 mil a 50 mil soles «en el chaleco».
Este mismo jueves 14 de marzo, el documento elaborado por la legisladora Susel Paredes (Cambio Democrático) que proponía que Cordero Jon Tay tenga una inhabilitación de 10 años para ejercer alguna función pública tampoco fue respaldado porque hubo 51 votos a favor, 6 en contra y 28 abstenciones.
No obstante, quedó pendiente el pedido de que Cordero Jon Tay sea suspendida en el ejercicio de su labor mientras dure la investigación en la Fiscalía de la Nación. De esta manera, la exintegrante del fujimorismo seguirá en su curul al no prosperar la iniciativa de la bancada de Fuerza Popular de que querer que salga del Parlamento.
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